VILLA LA ANGOSTURA

Seis empleados despedidos y 30 sumarios: qué está pasando en la Municipalidad?

La gestión del intendente Javier Murer sumó una nueva cesantía de una trabajadora de planta permanente. La medida fue dispuesta por decreto tras una investigación por presunto abandono de servicio. Los procedimientos disciplinarios se multiplican en el municipio y ponen el foco sobre la política de control del personal.

La Municipalidad de Villa La Angostura vuelve a quedar en el centro de la atención por las medidas disciplinarias aplicadas a sus trabajadores. Durante la gestión del intendente Javier Murer ya se contabilizan 30 sumarios administrativos y seis cesantías, de acuerdo con las cifras difundidas esta semana sobre las actuaciones del Ejecutivo local.

El dato tomó nueva relevancia luego de que se conociera la desvinculación de una empleada de planta permanente, cuya sanción fue formalizada el miércoles 18 de noviembre mediante el Decreto N.º 2803/2026.

La decisión se enmarca en la política de control de las obligaciones laborales que impulsa la administración municipal, alineada con el criterio de "Tolerancia Cero" promovido por el Gobierno de Neuquén.

Sin embargo, detrás de las cifras aparece una cuestión central: qué situaciones motivaron las investigaciones, cómo se desarrollan los procedimientos administrativos y cuáles son las garantías que deben respetarse antes de disponer el despido de un trabajador municipal.

La última cesantía: qué ocurrió con la trabajadora

El caso más reciente corresponde a una agente de planta permanente que fue separada de su cargo luego de una investigación por abandono de servicio.

Según los antecedentes del expediente administrativo, una Junta Médica había determinado el 30 de diciembre de 2025 que la empleada se encontraba en condiciones de retomar sus tareas.

Posteriormente, la Municipalidad le envió una intimación formal para que se reincorporara a su puesto, notificación que fue recibida el 12 de enero de 2026.

De acuerdo con las conclusiones de la investigación municipal, la trabajadora no retomó sus funciones y acumuló inasistencias consideradas injustificadas entre el 13 de enero y el 13 de febrero.

Durante el procedimiento se evaluaron certificados psicológicos presentados por la agente. No obstante, la instrucción sumarial consideró que esa documentación no modificaba el dictamen previo de aptitud laboral ni justificaba las ausencias investigadas.

La defensa también formuló planteos para cuestionar la continuidad del procedimiento, pero fueron rechazados en la instancia administrativa.

Una sanción que quedó firme en octubre

Aunque la cesantía se formalizó esta semana, la resolución administrativa había sido dictada el 9 de octubre.

La trabajadora fue notificada el 16 de ese mes y, según los fundamentos del decreto, no presentó una apelación ante la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina dentro del plazo previsto.

Por ese motivo, la sanción quedó firme en sede administrativa el 21 de octubre y posteriormente fue ejecutada mediante el decreto firmado por el intendente.

El expediente también da cuenta de una presentación judicial realizada por la empleada contra el municipio. Sin embargo, según lo consignado en la resolución, no existía una medida cautelar que impidiera aplicar la sanción.

Esto no significa que se hayan agotado todas las posibilidades de revisión judicial, ya que la normativa contempla vías para cuestionar las decisiones administrativas definitivas.

Treinta sumarios administrativos: ¿todos terminan en despido?

Uno de los datos que más llama la atención es la cantidad de investigaciones abiertas desde el inicio de la actual gestión.

Los 30 sumarios administrativos y las seis cesantías no deben interpretarse como cifras equivalentes. Un sumario constituye un procedimiento de investigación destinado a determinar si existió una falta y si corresponde aplicar alguna sanción.

Por lo tanto, no todos los expedientes necesariamente terminan con la desvinculación del trabajador. Dependiendo de las circunstancias y las pruebas reunidas, pueden derivar en distintas resoluciones.

En Villa La Angostura, estos procedimientos están regulados por el Estatuto del Personal Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 1609/05, y por la Carta Orgánica local.

La normativa reconoce la estabilidad de los empleados municipales y establece que una cesantía debe estar respaldada por una causa justificada y por un procedimiento que garantice el derecho de defensa.

La política de control del personal municipal

La administración de Murer viene desarrollando una política de seguimiento de las obligaciones laborales de los agentes municipales, en línea con los criterios de control impulsados por el gobierno provincial de Rolando Figueroa.

El Ejecutivo local sostiene este enfoque sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de las funciones y la correcta utilización de los recursos públicos.

No obstante, la aplicación de sanciones a trabajadores de planta permanente también obliga a observar las garantías establecidas en el régimen de empleo público, particularmente cuando las medidas implican la pérdida del puesto de trabajo.

En el caso de la última cesantía, el decreto también ordenó a Recursos Humanos realizar la baja de la empleada, efectuar la liquidación final con el descuento de las ausencias consideradas injustificadas y corregir errores detectados en los registros de asistencia.

Qué se sabe de los otros despidos

Si bien las cifras difundidas indican que la actual gestión municipal acumula seis cesantías, la información disponible sobre el último caso no permite establecer cuáles fueron las causas específicas de las otras cinco desvinculaciones.

Tampoco surge de los antecedentes consultados cuántos de los 30 sumarios continúan en trámite, cuántos fueron archivados o cuántos concluyeron con sanciones de menor gravedad.

Estos datos resultan importantes para dimensionar el alcance real de la política disciplinaria aplicada por el Ejecutivo.

Por ahora, la nueva cesantía vuelve a poner bajo atención el funcionamiento interno de la Municipalidad de Villa La Angostura y la relación entre las facultades de control de la administración y los derechos laborales de sus empleados.

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