Dina Huapi
El Ejecutivo denuncia intencionalidad política tras tres años sin balances aprobados
El Gobierno municipal de Dina Huapi hizo pública su profunda preocupación por la parálisis institucional que atraviesa la comuna a raíz de la falta de aprobación de los balances generales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 por parte del Concejo Deliberante. En una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Hernán Terrens, y el asesor letrado municipal, Antonio Contreras, las autoridades locales rechazaron las imputaciones sobre la administración de las arcas públicas y sostuvieron que existe una utilización política deliberada del asunto en el marco de la contienda electoral. A
nte la persistencia del estancamiento administrativo, la controversia por la delimitación de competencias entre los órganos municipales fue judicializada y quedó a la espera de un fallo definitorio por parte del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
La disputa legal tiene su origen en una reciente ordenanza municipal que establece la obligación del Ejecutivo de remitir un proyecto de ordenanza específico para autorizar el balance general de cuentas. Según explicó la asesoría letrada municipal, dicha normativa pretende ser aplicada de forma retroactiva y vulnera las atribuciones constitucionales y orgánicas que corresponden al propio cuerpo legislativo.
El asesor letrado remarcó que el procedimiento administrativo establece que el Ejecutivo cumple con el envío de la cuenta general, correspondiendo al Concejo Deliberante emitir la ordenanza de aprobación tras el análisis posterior. La acción judicial, inicialmente presentada bajo la figura de inconstitucionalidad por el intendente municipal, el presidente del Tribunal de Contralor y la presidenta del Concejo Deliberante, fue reencuadrada por el Superior Tribunal de Justicia como un conflicto de competencias, disponiéndose la notificación al cuerpo deliberativo para que exponga sus argumentos.
Desde la representación jurídica del Municipio se advirtió sobre la gravedad institucional que significa llegar al cierre del tercer año de gestión sin contar con un solo balance aprobado por el cuerpo legislativo. Al respecto, la secretaría de Gobierno remarcó una distinción técnica fundamental al aclarar que los presupuestos municipales de la gestión sí fueron aprobados en tiempo y forma, circunscribiéndose el conflicto de manera exclusiva a la revisión de los balances generales. Las autoridades recalcaron que la decisión de acudir a la máxima instancia judicial provincial no persigue eludir los mecanismos institucionales de fiscalización ni restringir el acceso a la información pública, sino obtener certidumbre jurídica sobre los procedimientos de control y deslindar las atribuciones de cada poder.
En relación con el control de las inversiones locales, los funcionarios defendieron la legalidad de los procedimientos administrativos vinculados a la construcción del nuevo polideportivo municipal. El secretario de Gobierno aseveró que cada actuación cuenta con la debida documentación respaldatoria y subrayó que tanto concejales como integrantes del Tribunal de Cuentas participaron en las etapas de la licitación pública.
Asimismo, se destacó que la última presentación realizada ante el organismo de contralor estuvo integrada por un expediente de 184 fojas con información detallada de la obra, respaldada por notas oficiales del propio Tribunal de Cuentas que avalan las actuaciones ejecutadas.
La conferencia de prensa expose además diferencias institucionales en materia impositiva a raíz de una decisión del Concejo Deliberante referida a la exención de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene otorgada a un complejo de cabañas cuyo titular es el padre del expresidente del cuerpo legislativo, Gerónimo Barraquero.
Desde el Ejecutivo municipal se indicó que dicha exención fue vetada por la Intendencia al considerar que no se cumplieron las exigencias normativas ni los procedimientos administrativos de rigor, decisión que posteriormente fue ratificada por el legislativo local. Los antecedentes del caso fueron remitidos a los organismos de control para su evaluación, al tiempo que desde el Gobierno local se sugirió la posible existencia de tráfico de influencias debido a las vinculaciones políticas del beneficiario.
En el tramo final del pronunciamiento, el Ejecutivo municipal vinculó la actitud del órgano deliberativo con la cercanía del escenario electoral y solicitó que el debate político se canalice mediante la confrontación de propuestas y proyectos, evitando sembrar dudas infundadas sobre la custodia de los fondos públicos. En ese sentido, las autoridades repasaron el conjunto de obras estratégicas impulsadas por la actual administración, entre las que se destacan el centro de monitoreo, el edificio del hospital en construcción, el plan director de agua, el polideportivo municipal, el salón de usos múltiples de Ñirihuau y la conexión vial de la calle Estados Unidos, reiterando que la totalidad de las cuentas generales han sido remitidas a la Legislatura local a la espera de su resolución formal.