Viedma

Compró un colectivo que llevaba 20 meses secuestrado y denunció que le faltaban piezas: la Justicia rechazó su demanda

El hombre reclamó una indemnización a la Municipalidad de Viedma por los daños y faltantes que encontró cuando le restituyeron el vehículo. El fuero Contencioso Administrativo consideró que no pudo acreditar cuándo se habían producido los deterioros.

Un hombre que compró un colectivo mientras permanecía secuestrado por la Municipalidad de Viedma denunció que, cuando logró recuperarlo, le faltaban componentes esenciales para su funcionamiento y presentaba numerosos daños. Por ese motivo, inició una demanda contra el municipio para reclamar una compensación económica. Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo al considerar que no había pruebas suficientes para determinar cuándo se habían producido los deterioros.

El vehículo había sido secuestrado en noviembre de 2018, durante un control de tránsito realizado sobre el bulevar Héroes de Malvinas. En ese procedimiento, personal municipal constató que el conductor no tenía seguro obligatorio ni la habilitación correspondiente para manejar ese tipo de rodado. Por esas infracciones, el colectivo fue retenido y trasladado a la Base 86 del Cuerpo de Seguridad Vial, en inmediaciones del puente ferrocarretero.

El vehículo permaneció allí durante un período prolongado. En junio de 2020, un hombre interesado en adquirirlo solicitó autorización para realizar la verificación policial necesaria para concretar la transferencia. El trámite se completó el 1 de julio, cuando quedó registrado como nuevo propietario.

El 27 de julio de 2020, la Municipalidad formalizó la restitución. Dos días después, el comprador presentó un reclamo ante la Agencia Local de Seguridad Vial. Según denunció, al colectivo le faltaban las computadoras del motor y de la transmisión, baterías y componentes del sistema de frenos. También señaló roturas en el parabrisas, la carrocería y las luces reglamentarias.

En diciembre de ese año, una escribana realizó una constatación del estado del vehículo. El propietario también incorporó fotografías y un informe elaborado por un ingeniero mecánico para respaldar su reclamo.

Con esa documentación, inició una demanda contra la Municipalidad de Viedma. Sostuvo que el municipio había incumplido su obligación de cuidar y conservar el colectivo mientras permaneció secuestrado y que las condiciones del lugar donde estaba depositado habían facilitado los daños y la sustracción de componentes.

El reclamo incluyó los costos de reparación, una compensación por el tiempo durante el cual no pudo utilizar el vehículo, gastos de constatación y otros perjuicios, además de una indemnización por daño extrapatrimonial.

La Municipalidad rechazó la responsabilidad. Entre sus argumentos, señaló que el hombre había adquirido el colectivo mucho después del secuestro y que no había elementos para establecer en qué momento se habían producido los daños. También destacó que el acta de restitución no contenía observaciones sobre faltantes o roturas.

Los dos períodos que analizó la Justicia

Al resolver el caso, el fuero Contencioso Administrativo de Viedma dividió el análisis en dos etapas.

La primera comprendió el tiempo transcurrido entre el secuestro, en noviembre de 2018, y el 1 de julio de 2020, cuando el demandante adquirió el colectivo. Sobre ese período, el fallo consideró que el hombre no podía reclamar por daños anteriores a la compra, porque no había demostrado tener derechos sobre el vehículo ni que el anterior propietario le hubiera cedido un eventual derecho a reclamar.

La segunda etapa abarcó los 26 días entre la adquisición y la restitución formal. En ese lapso, el hombre ya era propietario y el colectivo continuaba bajo custodia municipal. Sin embargo, tampoco se pudo establecer que los deterioros denunciados se hubieran producido durante esos días.

El juzgado también valoró que el acta de restitución del 27 de julio no registraba observaciones sobre el estado del vehículo. Si bien el comprador presentó una denuncia dos días después, la constatación notarial se realizó recién en diciembre, más de cuatro meses después de la entrega.

Para la Justicia, esos elementos permitían conocer los daños que presentaba el colectivo, pero no determinar cuándo habían ocurrido. Es decir, no alcanzaban para establecer que se hubieran producido mientras el municipio tenía la obligación de custodiarlo.

Otro aspecto que tuvo en cuenta la sentencia fue que el colectivo permaneció físicamente en el predio municipal después de la restitución. No obstante, el fallo consideró que la responsabilidad por su custodia había finalizado con la entrega formal del 27 de julio de 2020, independientemente de que el propietario todavía no lo hubiera retirado del lugar.

La resolución reconoció que el municipio tenía la obligación de conservar el vehículo durante el tiempo que permaneciera bajo su custodia, pero aclaró que esa responsabilidad no implicaba responder automáticamente por cualquier daño. Para admitir una indemnización era necesario acreditar cuándo se habían producido los deterioros y su relación con una acción u omisión municipal.

Por esos motivos, la demanda fue rechazada. (ANB)

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