La Justicia ordenó que un padre pague intereses por la deuda alimentaria de sus dos hijos

La Cámara de Apelaciones 2 resolvió que un padre deberá pagar intereses por las cuotas alimentarias que se acumularon durante el juicio por la manutención de sus dos hijos. Los jueces consideraron que permitirle cancelar la deuda en pagos mensuales sin actualizar su valor perjudicaría directamente a los niños, debido a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

La decisión fue tomada por los integrantes de la Sala B, Juan Manuel Menestrina y Nancy Vielma, quienes modificaron parcialmente una sentencia de primera instancia. El fallo original había establecido una cuota alimentaria equivalente al 30 por ciento de los ingresos del hombre y una suma adicional para cancelar los alimentos atrasados, que podía abonar en 25 cuotas mensuales y consecutivas.

La madre de los niños apeló ese último punto. Su cuestionamiento se centró en que el monto de la deuda debía mantenerse sin cambios durante todo el período de pago. Según planteó, con el avance de la inflación, el dinero perdería valor mes a mes y sus hijos terminarían recibiendo una cantidad inferior a la que realmente les correspondía.

Los camaristas hicieron lugar a su planteo y entendieron que el tiempo transcurrido hasta completar los pagos no podía convertirse en un beneficio económico para el padre. Por ese motivo, ordenaron incorporar intereses a la deuda alimentaria.

Cómo comenzó el conflicto por la cuota alimentaria

El expediente se inició en febrero de 2025, cuando la mujer acudió a la Justicia para reclamar una cuota destinada a cubrir las necesidades de sus dos hijos. Si bien reconoció que el padre había realizado aportes económicos después de la separación, sostuvo que esas contribuciones no alcanzaban para afrontar los gastos de crianza.

Durante el proceso se analizaron los ingresos del hombre, quien trabaja en la actividad petrolera, y se tuvieron en cuenta los valores de la canasta de crianza que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A partir de esos elementos, la jueza de primera instancia consideró adecuado establecer una prestación equivalente al 15 por ciento de los haberes del padre para cada hijo. La obligación también incluyó la parte proporcional del aguinaldo, la cobertura de obra social y las asignaciones familiares que correspondieran.

Además, la resolución dispuso que la empleadora del hombre realizara una retención directa de sus haberes y depositara el dinero en una cuenta bancaria destinada al cobro de la cuota alimentaria. De esa manera, se buscó garantizar que los pagos mensuales se realizaran de forma regular.

Sin embargo, el juicio también debía resolver qué ocurría con los meses transcurridos desde que la madre presentó la demanda hasta que se estableció judicialmente el monto definitivo de la cuota.

Durante ese período, los chicos no habían recibido la totalidad del dinero que finalmente se determinó que les correspondía. Para establecer cuánto debía el padre, la magistrada calculó las diferencias tomando como referencia el porcentaje fijado sobre sus ingresos, contempló el tiempo transcurrido desde el inicio del reclamo y descontó los aportes que ya había realizado.

El resultado fue una deuda alimentaria que debía pagarse por fuera de la cuota mensual. La jueza autorizó que ese importe se dividiera en 25 cuotas consecutivas, aunque no contempló intereses por el tiempo que llevaría completar la cancelación.

Por qué la Cámara ordenó incorporar intereses

La discusión llegó a la Cámara de Apelaciones después de que la madre cuestionara que la deuda se mantuviera congelada durante los meses que durara el plan de pagos.

Al analizar el planteo, el camarista Juan Manuel Menestrina explicó que permitir el pago en cuotas no podía significar que el padre obtuviera una ventaja económica a costa de sus hijos.

En ese sentido, aclaró que los intereses reclamados no tenían un objetivo sancionatorio ni buscaban castigar al hombre por no haber abonado toda la deuda de una sola vez. Su finalidad era compensar el tiempo durante el cual los niños no podrían disponer de un dinero que ya les correspondía.

El juez advirtió que el fraccionamiento de una obligación alimentaria debe contemplar el efecto que produce el paso del tiempo sobre el valor de los recursos. De lo contrario, una facilidad de pago para el adulto obligado podría terminar convirtiéndose en una pérdida para quienes necesitan ese dinero para cubrir sus gastos cotidianos.

En su voto, Menestrina sostuvo que no se puede permitir una “licuación del crédito de los niños ni una quita indirecta derivada del mero transcurso del tiempo”.

También aclaró: “No se trata de transformar la obligación alimentaria en una operación financiera ni de imponer una sanción autónoma al alimentante”.

Con esta resolución, la Cámara modificó parcialmente el fallo de primera instancia y estableció que la deuda acumulada durante el juicio deberá contemplar intereses. El criterio busca evitar que los meses necesarios para completar los pagos reduzcan el valor real de los recursos destinados a la manutención de los dos hijos.