Río Colorado: imputaron a dos médicos por la muerte de un bebé durante un parto

Dos médicos del hospital de Río Colorado fueron imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de un bebé durante un parto ocurrido en junio de 2025. La investigación apunta a una serie de decisiones y prácticas médicas que, según la Fiscalía, incumplieron los protocolos de atención y las normas que protegen los derechos de las mujeres durante el embarazo y el nacimiento.

La formulación de cargos se realizó este martes en una audiencia encabezada por el fiscal Matías Alvarez Reynolds. El caso se originó a partir de la atención brindada a una mujer que cursaba un embarazo de 41 semanas, considerado de alto riesgo para el bebé, y que había ingresado al hospital para una inducción del parto que estaba programada.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la paciente había solicitado expresamente que el nacimiento se realizara mediante una cesárea. Sin embargo, el obstetra que la atendió habría decidido continuar con un parto por vía vaginal, pese a conocer los riesgos que presentaba el embarazo.

Según la acusación, el médico le colocó una vía periférica y le administró un comprimido intravaginal para iniciar el trabajo de parto. Después de estas intervenciones, la mujer comenzó a experimentar dolores intensos y, cuando alcanzó la dilatación completa, fue trasladada a la sala de partos por indicación del profesional.

Una vez allí, el obstetra habría realizado la ruptura artificial de la bolsa y le habría indicado que pujara durante aproximadamente 20 minutos. La Fiscalía sostuvo que el médico lo hizo de manera hostil y que, pese al esfuerzo de la paciente, el bebé no descendía por el canal de parto.

La maniobra que provocó la muerte del bebé

Ante la falta de avances, el obstetra convocó a la ginecóloga que se encontraba de guardia. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en ese momento se realizaron maniobras de compresión uterina externa, conocidas como maniobra de Kristeller, una práctica cuestionada y que no está recomendada por los protocolos de atención del parto. La Fiscalía también señaló que la ginecóloga convocada habría sugerido esperar o evaluar la posibilidad de realizar una cesárea, pero luego se retiró de la sala sin asumir la conducción del parto ni supervisar la situación de riesgo.

Para el Ministerio Público Fiscal, estas intervenciones tuvieron consecuencias directas en el desenlace. El bebé nació sin vida y, según los estudios incorporados a la causa, la muerte se produjo por un traumatismo craneoencefálico agudo con hemorragia subaracnoidea, lesiones que habrían sido ocasionadas por la maniobra de Kristeller.

Otro de los puntos cuestionados por la acusación es la falta de registros médicos completos. Los investigadores sostienen que los profesionales no dejaron constancia adecuada del seguimiento continuo de la paciente, los controles fetales y la información vinculada con la placenta, tanto en el partograma como en la historia clínica.

Una investigación con pericias y numerosos testimonios

Para respaldar la acusación, la Fiscalía reunió distintas pruebas documentales, técnicas y testimoniales. Entre ellas se encuentran las actas de denuncia, el secuestro de la historia clínica, informes del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial y pericias psicológicas e histopatológicas.

También se incorporaron registros de guardias, documentación interna del hospital e informes del Gabinete de Criminalística. A ese material se sumaron declaraciones de familiares, integrantes del equipo médico y personal técnico que intervino o tuvo conocimiento de lo ocurrido.

Con estos elementos, la Fiscalía encuadró provisoriamente la conducta de los dos profesionales como el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica, en calidad de autores.

La acusación se sustenta en las disposiciones de la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, además de la normativa estatutaria provincial correspondiente.

Durante la audiencia, las defensas particulares rechazaron la reformulación de cargos y sostuvieron la inocencia de los médicos. También solicitaron el sobreseimiento de sus representados.

Cómo seguirá la causa

Finalmente, el juez de Garantías Roberto Gaviña tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía, teniendo en cuenta también lo manifestado por la querella.

Además, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas y declaró abierta la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de dos meses. Durante ese período, las partes podrán avanzar con las medidas necesarias para profundizar la investigación y reunir nuevos elementos sobre lo sucedido.

En cuanto a la situación de los imputados, el magistrado homologó las pautas de conducta solicitadas. Ambos médicos deberán informar cualquier cambio de domicilio y comunicar si tienen previsto ausentarse durante un tiempo prolongado o salir del país.

La causa continuará ahora con la investigación de las responsabilidades que pudieron tener los profesionales en la atención del parto y las circunstancias que terminaron con la muerte del bebé. Los dos médicos mantienen su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.