Ferreyra pidió informes al Ejecutivo por el vallado de la estatua de Roca: cuestionó su costo, su autorización y los motivos de la medida

La concejala Roxana Ferreyra, del Bloque Nos Une, presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal por el enrejado y cercado perimetral instalado en torno al Monumento al General Julio Argentino Roca, emplazado en la plaza central del Centro Cívico. El escrito está dirigido a Gerardo del Río, presidente del cuerpo deliberante; Martín Iriarte, subsecretario de Cultura; y Sofía Maggi, secretaria de Planeamiento.

La presentación se apoya en la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento Interno del Concejo y la Ordenanza 1356-CM-04. En sus fundamentos, la edil recuerda que el Centro Cívico y sus componentes, entre ellos el monumento, tienen la condición de Monumento Histórico Nacional según la normativa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (Ley Nacional 12.665 y modificatorias). Esa condición, señala, restringe y regula de forma estricta cualquier intervención física, modificación o alteración de su entorno inmediato.

El texto cita además la Ley Provincial 3.041 de Protección del Patrimonio Cultural de Río Negro, que establece la corresponsabilidad en el cuidado y la consulta obligatoria ante intervenciones en bienes protegidos. A nivel municipal, menciona la Ordenanza 2148-CM-11, que regula el Ente Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico y establece mecanismos obligatorios de consulta y dictamen técnico previo ante cualquier alteración del espacio público patrimonial.

El documento también hace referencia a la condición de Bariloche como Municipio Intercultural, que según el texto obliga a sostener una mirada institucional neutral, objetiva y técnico-legal. Plantea que las normas de protección deben cumplirse sin tomar posiciones sesgadas ni valoraciones parciales sobre los debates historiográficos que genera la figura del monumento. Para garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos, agrega, el cuerpo legislativo debe acceder a información fidedigna sobre las motivaciones fácticas y de oportunidad que determinaron la urgencia de la medida.

Ferreyra pide que se expliquen las razones institucionales, de seguridad, de conservación o de fuerza mayor que motivaron el enrejado, con los informes técnicos, actas, denuncias o solicitudes previas que justificaron su oportunidad y conveniencia.

También, que se detalle el costo total de la obra (materiales, mano de obra, logística y adicionales), la partida presupuestaria afectada, el origen de los fondos (propios, provinciales o nacionales) y copia de los actos administrativos de adjudicación, contratación o compra.

Que se remita copia certificada del dictamen del Ente Municipal de Preservación del Patrimonio, con el cumplimiento de los mecanismos de consulta de la Ordenanza 2148-CM-11. De no existir, deberán informarse las razones jurídicas de su omisión.

Que se adjunte la autorización formal otorgada por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, conforme a la Ley 12.665.

Por último, que se entregue copia del proyecto técnico y de los plazos previstos para la permanencia o remoción de la estructura.

Por otra parte, las autoridades municipales  indicaron que la obra aún está en curso. Según explicaron, se espera la visita del reconocido artesano Raúl Pallarols, que concluirá la tarea bajo su supervisión. Los trabajos están a cargo de Daniel De Gaetano, un artista plástico muy conocido en Bariloche, quien cuenta con el seguimiento de Pallarols.

Detallaron que la autorización de la estructura estuvo condicionada por criterios patrimoniales vinculados con las dimensiones, la ubicación y el impacto visual de la obra. Uno de los principales requisitos fue evitar que las rejas interfirieran con las visuales del lago Nahuel Huapi desde la plaza, de modo que el vallado no genere contaminación visual y el lago pueda observarse desde cualquier punto del lugar.

Indicaron que el Instituto Rocaniano gestionó inicialmente las autorizaciones ante el organismo nacional competente en patrimonio histórico. Luego, el Ente de Patrimonio local intervino para controlar que la instalación se ajustara al proyecto aprobado.