Plottier: pidió desalojar a su expareja de una casa, pero la Justicia rechazó el reclamo

Un conflicto por una vivienda en Plottier llegó a la Cámara de Apelaciones de Neuquén, donde la Justicia rechazó el intento de un hombre de desalojar a su expareja. Aunque el demandante aseguró que era el propietario del inmueble, los jueces consideraron que la situación era más compleja y que no podía resolverse mediante un proceso de desalojo.

La resolución fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, integrada por Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, que confirmó el fallo de primera instancia. Los magistrados tuvieron en cuenta que la pareja había convivido en la propiedad, que la vivienda fue adquirida durante la relación y que la mujer había realizado diferentes mejoras en el lugar.

También consideraron los antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar denunciadas por la mujer durante la convivencia. El reclamo había sido presentado por el hombre, quien sostuvo que había comprado la casa y que su expareja permanecía allí sin contar con un título que justificara su ocupación. Por ese motivo, solicitó que se ordenara judicialmente la restitución del inmueble.

La mujer presentó una versión diferente. Según explicó durante el proceso, ambos comenzaron a convivir en 2007 y compraron la vivienda mientras mantenían la relación. Además, denunció que durante esos años sufrió violencia física, psicológica y económica.

La separación se produjo después de un episodio de violencia ocurrido en 2012. A partir de entonces se iniciaron distintas actuaciones judiciales relacionadas con el vínculo.

El caso llegó inicialmente al juzgado de primera instancia, donde la jueza María Guadalupe Losada rechazó la demanda. Consideró que existían indicios suficientes para reconocer que la mujer podía tener derechos de posesión sobre el inmueble y que esa discusión no correspondía a un juicio de desalojo.

Ahora, la Cámara ratificó ese criterio y sostuvo que el conflicto debía analizarse teniendo en cuenta todas las circunstancias de la relación.

Los documentos que acreditaron que vivían juntos

Uno de los aspectos que debieron resolver los camaristas fue si efectivamente había existido convivencia. El hombre negó que ambos hubieran compartido la vivienda como pareja, pero las pruebas incorporadas al expediente permitieron acreditar esa situación.

Durante varios años, la mujer figuró ante el Instituto de Seguridad Social del Neuquén como concubina del demandante. Además, aparecía registrada como titular del servicio de electricidad de la propiedad.

Otro elemento que tuvo relevancia fue la documentación correspondiente al nacimiento de una de las hijas de la pareja. En ese trámite, ambos declararon como domicilio la vivienda ubicada en Plottier.

Para los integrantes de la Cámara, estos registros permitieron confirmar que existió una convivencia y que la adquisición del inmueble se produjo mientras la relación estaba vigente.

También se analizaron los trabajos que se habían realizado en la casa. Durante el juicio, distintos testigos mencionaron ampliaciones, modificaciones en las paredes, reparaciones en la instalación eléctrica y la colocación de cámaras de seguridad.

Esas mejoras fueron consideradas relevantes porque demostraban que la mujer había tenido una participación en el mantenimiento y las modificaciones de la propiedad durante los años que vivió allí.

De acuerdo con el análisis judicial, todos estos elementos impedían considerar que se trataba de una persona que simplemente ocupaba una vivienda ajena sin ningún vínculo o derecho que justificara su permanencia.

La historia de violencia que tuvo en cuenta la Justicia

La disputa por la casa también estuvo atravesada por los antecedentes de violencia familiar. La jueza Cecilia Pamphile sostuvo que el expediente debía analizarse con perspectiva de género y que no era posible separar el conflicto patrimonial de las situaciones denunciadas durante la relación.

En las actuaciones judiciales constaban denuncias realizadas por la mujer y medidas cautelares que habían sido dispuestas contra su expareja.

Uno de los antecedentes se remonta a 2012, cuando, después de un episodio de violencia, se ordenó que el hombre no ingresara a la vivienda.

Las actuaciones por violencia familiar continuaron durante los años siguientes y se dictaron nuevas medidas de protección. Algunas de ellas permanecieron vigentes hasta 2024.

Para Pamphile, este contexto debía ser considerado al momento de evaluar el reclamo de desalojo, ya que las circunstancias en las que se desarrolló la relación y se produjo la separación eran relevantes para comprender la situación de la mujer.

En ese sentido, la magistrada recordó que las controversias judiciales en las que existen situaciones de violencia o vulneración de derechos por razones de género deben contemplar esos antecedentes para visibilizar el problema y evitar que sus consecuencias se profundicen.

Por qué no corresponde resolverlo con un desalojo

El planteo central de la Cámara fue que un juicio de desalojo no es la vía adecuada para resolver una discusión sobre los derechos que cada integrante de una expareja puede tener sobre una vivienda.

Este tipo de proceso judicial está destinado a recuperar un inmueble cuando existe una obligación de devolverlo. Sin embargo, no permite definir controversias más amplias sobre la posesión o la propiedad cuando existen elementos que indican que quien ocupa la casa podría tener derechos sobre ella.

En el caso de Plottier, los jueces consideraron que la convivencia, la compra del inmueble durante la relación, las mejoras realizadas y los antecedentes de violencia familiar conformaban un escenario que no podía resolverse de manera automática a favor del hombre.

Por ese motivo, la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia y rechazó el pedido de desalojo.

La decisión no establece quién tiene la titularidad definitiva de la vivienda ni cómo deben distribuirse los derechos sobre ella. Determina que esa discusión deberá resolverse por otra vía judicial y que no corresponde ordenar el desalojo de la mujer a través del procedimiento que inició su expareja.