Un policía fue imputado por golpear a su pareja durante una discusión que se extendió por nueve horas

Un policía de 28 años fue imputado por agredir física y verbalmente a su pareja en un episodio de violencia de género que se prolongó durante varias horas y ocurrió en presencia de la hija de ambos. La mujer sufrió lesiones leves y la Fiscalía solicitó que el acusado permaneciera detenido mientras avanza la investigación. Sin embargo, el juez de Garantías resolvió imponer medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal del caso, Analía Álvarez, los hechos comenzaron a las 17 del lunes y se extendieron hasta las 2 de la madrugada del martes. Durante ese período, el hombre habría insultado y golpeado a la mujer en el marco de una discusión que duró aproximadamente nueve horas.

"En el marco de una discusión que se prolongó alrededor de 9 horas, el imputado insultó y golpeó a la víctima. Producto de eso, ella sufrió heridas caracterizadas como leves", explicó la representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.

Álvarez también señaló que el episodio se produjo en un contexto de violencia de género, con manifestaciones de violencia física y verbal. La presencia de la hija que ambos tienen en común fue uno de los elementos considerados por la Fiscalía al momento de fundamentar sus pedidos ante la Justicia.

Los cargos que enfrenta 

La Fiscalía formuló cargos contra el hombre por el delito de lesiones leves doblemente agravadas. La acusación contempla dos circunstancias: que la agresión habría sido cometida por una persona con la que la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja y que se produjo contra una mujer, mediando violencia de género. La calificación legal fue planteada en calidad de autor, de acuerdo con los artículos 89, 92, en función del artículo 80, inciso 1°, y 45 del Código Penal.

Además, durante la audiencia se hizo referencia al marco normativo de protección integral de las mujeres y de los derechos de las infancias. En ese sentido, la Fiscalía encuadró el caso dentro de los alcances de la Ley 26.485, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y de la Ley 26.061, que establece la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para respaldar la formulación de cargos, la acusación presentó distintos elementos reunidos durante las primeras actuaciones. Entre ellos mencionó la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), el informe elaborado por el Gabinete de Criminalística, entrevistas realizadas a testigos y personas allegadas a la mujer, además de la denuncia penal presentada por la víctima.

La Fiscalía pidió prisión preventiva

Uno de los principales puntos de discusión durante la audiencia fue el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscalía. La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que existían riesgos procesales que justificaban mantener al acusado detenido, especialmente por la posibilidad de que pudiera entorpecer el desarrollo de la investigación.

Para fundamentar esa solicitud, Álvarez enumeró distintos aspectos relacionados con la situación de la pareja y las características del hecho denunciado. Entre ellos mencionó el nivel de conflictividad que existiría en el vínculo, los indicios de violencia psicológica identificados por la Oficina de Atención a la Víctima y la modalidad de violencia física que habría ejercido el acusado.

También hizo especial hincapié en que la hija de ambos estuvo presente durante el episodio y en la situación de vulnerabilidad de la mujer. La Fiscalía consideró que estos factores debían ser tenidos en cuenta al momento de resolver las medidas necesarias para resguardar a la víctima y evitar posibles interferencias durante el avance de la causa.

La defensa se opuso a la detención

Por su parte, el defensor penal público que asistió al empleado policial, Mario Orlandini, se opuso al pedido de prisión preventiva y planteó que existían alternativas menos gravosas para garantizar el desarrollo de la investigación.

Como parte de sus argumentos, sostuvo que el imputado había fijado un nuevo domicilio en otra localidad, por lo que podía mantenerse alejado de la mujer sin necesidad de permanecer detenido. Además, señaló que el sostenimiento económico de la hija depende casi exclusivamente de los ingresos que el hombre obtiene de su trabajo. En ese sentido, advirtió que una eventual privación de la libertad podría afectar esa asistencia económica.

"Si se encuentra privado de libertad esto se verá afectado", manifestó el defensor al explicar las consecuencias que, según su planteo, tendría la prisión preventiva.

En lugar de esa medida, la defensa solicitó que se establecieran restricciones específicas para impedir cualquier contacto o acercamiento con la víctima.

Entre las alternativas propuestas incluyó una prohibición de ingreso a la ciudad donde reside la mujer, una restricción de acercamiento y la prohibición de realizar actos molestos o ejercer cualquier tipo de hostigamiento por distintos medios.

Qué resolvió el juez de Garantías

Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos contra el hombre en los términos solicitados por la Fiscalía, pero resolvió aplicar las medidas cautelares propuestas por la defensa.

De esta manera, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso restricciones destinadas a mantener al imputado alejado de la víctima y evitar situaciones de contacto o hostigamiento.

La causa continuará su trámite judicial mientras se desarrollan las medidas investigativas correspondientes. El hombre, que se desempeña como empleado policial, quedó imputado por lesiones leves doblemente agravadas en un contexto de violencia de género.