Le disparó a un joven en Neuquén y fue condenado a más de dos años de prisión efectiva

Un hombre fue condenado a prisión efectiva por dispararle a un joven y efectuar otros tiros contra integrantes de su familia en medio de un conflicto que involucró a dos grupos familiares. La Justicia homologó un acuerdo entre la Fiscalía, la querella y la defensa, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad por los hechos.

El episodio ocurrió el 1 de junio de 2026 en el barrio Gran Neuquén Sur, en la ciudad de Neuquén. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Jesús Andrés Álvarez realizó múltiples disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en un joven y le provocó lesiones que le impidieron realizar sus actividades habituales durante más de 30 días.

La condena fue de dos años y un mes de prisión de efectivo cumplimiento. Además, se declaró la primera reincidencia del acusado debido a sus antecedentes penales.

Cómo fue el ataque en Gran Neuquén Sur

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal Paula González y la asistente letrada Noelia Stillger, el ataque se produjo en el contexto de una disputa entre dos familias. Durante el enfrentamiento, Álvarez efectuó varios disparos y uno de ellos hirió a un joven que se encontraba en el lugar.

La investigación también permitió acreditar que hubo otros tiros dirigidos contra integrantes de la familia que estaban presentes durante el episodio. De esta manera, la acusación no se limitó a las lesiones sufridas por la víctima, sino que incluyó las acciones con las que se puso en riesgo a otras personas.

Para reconstruir lo sucedido, las representantes del MPF reunieron distintas pruebas. Entre ellas, se incorporaron los testimonios del joven herido y de personas que presenciaron el ataque, además de las declaraciones de efectivos policiales que intervinieron en el caso.

También se analizaron registros de cámaras de seguridad e informes médicos. Estos elementos permitieron respaldar la acusación y establecer las consecuencias de los disparos sobre la víctima.

La condena y los delitos reconocidos

Álvarez aceptó su responsabilidad por los delitos de lesiones graves agravadas por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con abuso de armas.

La pena fue acordada entre el Ministerio Público Fiscal, la querella particular y la defensa mediante un procedimiento de juicio abreviado, conocido como acuerdo pleno. Este mecanismo permite alcanzar una resolución consensuada cuando el imputado reconoce los hechos y acepta las condiciones acordadas, que luego deben ser evaluadas por un juez.

Durante la audiencia realizada este martes, la jueza Carina Álvarez homologó el acuerdo y estableció la condena de dos años y un mes de prisión efectiva.

La resolución también incluyó la declaración de primera reincidencia, una condición vinculada con los antecedentes penales del condenado. De esta manera, la pena acordada deberá cumplirse de forma efectiva y no bajo una modalidad condicional.

Otra persona recibió una suspensión de juicio a prueba

En otra audiencia realizada durante la misma jornada, la Justicia resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba por dos años a una mujer investigada por dos hechos de amenazas calificadas por el uso de armas de fuego.

Según la acusación, los episodios también estuvieron relacionados con el conflicto entre los dos grupos familiares que protagonizaron los hechos investigados en Gran Neuquén Sur.

La medida establece una serie de obligaciones que la mujer deberá cumplir durante el plazo fijado. Entre ellas, tendrá que realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias y presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada.

Además, deberá abstenerse de ejercer actos de violencia o intimidación contra las familias involucradas y respetar las demás reglas de conducta establecidas por la Justicia.

La suspensión del juicio a prueba es una salida alternativa al proceso penal que queda sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas. Si la persona cumple las obligaciones durante el período establecido, puede evitar que el proceso avance hacia una condena; en caso de incumplimiento, la medida puede ser revocada.

Así, en el marco de la misma conflictividad familiar, la Justicia resolvió dos situaciones diferentes: una condena de prisión efectiva para el hombre que disparó contra un joven y otras personas, y una suspensión de juicio a prueba para la mujer acusada de amenazas con armas de fuego.