La Justicia revisará la medida cautelar que ordena al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de su Sala III, concedió un recurso de queja presentado por el Poder Ejecutivo en el marco del litigio por la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial dispuso que se tramite la apelación efectuada contra la decisión del juez de primera instancia, Martín Cormick, quien había ordenado continuar con la ejecución de la medida cautelar que exige la actualización salarial de docentes y no docentes, así como el aseguramiento de fondos para becas estudiantiles.

El origen de esta última presentación se remonta a una providencia dictada el 9 de octubre, mediante la cual el magistrado Cormick elevó el expediente principal a la alzada y dispuso tramitar la ejecución de la cautelar en un incidente separado. Tras el rechazo del recurso de apelación por parte del juez el 14 de octubre, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación acudieron en queja ante la Cámara, instancia que resolvió habilitar la revisión al considerar que la postura previa podía generar un "gravamen irreparable" para el Estado.

En su fundamentación, la representación oficial sostuvo haber dado cumplimiento íntegro a lo dispuesto en la medida precautoria y planteó que el plazo de vigencia fijado para la misma se encontraba vencido. Asimismo, el Gobierno advirtió que la continuidad de las intimaciones bajo apercibimiento de sanciones conminatorias podía forzar el acatamiento de una orden que considera extinguida, sin que existiera además una liquidación concreta de las sumas reclamadas. Esta decisión se suma a la resolución del 15 de octubre, en la cual el mismo tribunal dispuso tramitar con efecto suspensivo la apelación contra las multas diarias de $100.000 impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Al conceder el recurso, los jueces de la Cámara aclararon de manera explícita que la habilitación del trámite no implica adelantar opinión acerca de la vigencia o del cumplimiento efectivo de la cautelar, debate que deberá proseguir en las instancias correspondientes. La causa judicial de fondo fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025 —que condicionaba la aplicación de la norma a que el Congreso identificara sus fuentes de recursos—, disposición que fue declarada inconstitucional por el juez Cormick el pasado 6 de octubre.