Fuerza Bariloche propone incorporar un mandato a la Carta Orgánica para exigir un fondo de reparación histórica

La discusión en torno a la reforma de la Carta Orgánica Municipal puso sobre la mesa la disparidad entre la recaudación impositiva provincial generada en la ciudad y los fondos retribuidos por vía de la coparticipación. Según el análisis difundido por el espacio Fuerza Bariloche, la localidad aporta cerca del 25% de la masa total de tributos de Río Negro, mientras que percibe apenas el 17% de la masa coparticipable. Asimismo, la agrupación señala que el reciente convenio compensador suscripto en Viedma resultaría insuficiente para revertir este cuadro, reduciendo dicha brecha en tan solo un punto porcentual.

Esta diferencia en la distribución de recursos incide de forma directa en la capacidad de financiar obras públicas y mantener las redes de servicios esenciales en el municipio. Desde Fuerza Bariloche sostienen que la infraestructura urbana afronta una sobrecarga extraordinaria producto del flujo turístico.

Según explicó Andrea Galaverna, primera candidata a convencional por la agrupación, en la ciudad residen unos 135 mil habitantes que abonan impuestos y tasas locales, pero la demanda efectiva de servicios asciende a unas 250 mil personas al prorratear el impacto de los visitantes. Esta presión adicional repercute en la prestación del transporte público, el mantenimiento de las calles, la recolección de residuos y la provisión de agua, cloacas y electricidad. A este panorama se suma la pérdida del cobro de la EcoTasa tras un reciente revés en el ámbito judicial, un instrumento que buscaba atenuar dicho déficit presupuestario.

Ante esta coyuntura, la propuesta central de Fuerza Bariloche consiste en incorporar una cláusula en la Carta Orgánica que obligue a los futuros intendentes a gestionar ante el Gobierno provincial un fondo de reparación histórica destinado exclusivamente a infraestructura.

La iniciativa contempla utilizar recursos derivados de tributos vigentes que abonan los barilochenses —como Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos, Automotor e Inmobiliario—, evaluando además la descentralización en el cobro de alguno de ellos. Sobre este último aspecto, Tomás Guevara, cuarto candidato a convencional constituyente, argumentó que la administración provincial desconoce la realidad de los precios inmobiliarios locales, lo que deriva en una recaudación deficiente y desaprovecha la capacidad del impuesto inmobiliario como herramienta de planificación urbana. En forma complementaria, la propuesta evalúa la inclusión de regalías vinculadas al uso del agua, tomando como referencia esquemas aplicados en Neuquén y Viedma.

Desde el espacio concluyeron que contar con recursos acordes a las necesidades locales resulta indispensable para ejercer una verdadera autonomía municipal.