Cinco Saltos: condenaron a un hombre a prisión efectiva por tener material de abuso sexual infantil

Un hombre de Cinco Saltos fue condenado a prisión efectiva por tener material de abuso sexual infantil (MASI) almacenado en su teléfono celular. La investigación se inició a partir de una alerta internacional que permitió rastrear una cuenta digital y avanzar con un allanamiento en su vivienda. Las pericias informáticas confirmaron el hallazgo de decenas de archivos con contenido ilícito.

La causa comenzó a partir de una detección realizada por Google, que advirtió que desde una cuenta vinculada al acusado se había subido a la nube un video con contenido de abuso sexual infantil. La información fue comunicada al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), un organismo estadounidense que recibe reportes de este tipo y colabora en las investigaciones.

A partir de ese informe, la fiscalía pudo avanzar en la identificación de la conexión a internet y de la línea telefónica asociadas al sospechoso. Con esos datos, solicitó una medida judicial para registrar el domicilio donde residía el hombre y buscar elementos relacionados con el hecho investigado.

El allanamiento y las pericias al celular

El procedimiento se realizó con autorización de una jueza de Garantías y estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron el teléfono celular del acusado, que posteriormente fue sometido a un análisis técnico para determinar si contenía archivos vinculados con la denuncia internacional.

La extracción de información estuvo a cargo del área forense de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), dependiente del Ministerio Público. El trabajo de los especialistas permitió recuperar y analizar el contenido almacenado en el dispositivo.

Los peritos encontraron un total de 79 videos y 20 fotografías con material de abuso sexual que involucraba a víctimas de entre 13 y 18 años. Según la información presentada durante el proceso judicial, los archivos habían permanecido guardados en el teléfono durante varios meses.

La fiscalía señaló que, hasta el momento de la audiencia, no se había logrado identificar a las víctimas. Por ese motivo, el material quedó incorporado a la investigación como evidencia para sostener la acusación contra el hombre.

La admisión de los hechos y la condena

La investigación avanzó formalmente en octubre de 2025, cuando se realizó la audiencia de formulación de cargos. En esa instancia, la fiscal Judith Saccomandi detalló cómo se había originado la causa, las tareas realizadas para identificar al sospechoso y los resultados obtenidos durante el análisis del teléfono celular.

La acusación fue por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 128, segundo párrafo, del Código Penal, en relación con los artículos 45 y 55. Como elementos de prueba, la fiscalía presentó el reporte del organismo internacional, los informes de las pericias informáticas y el acta del procedimiento policial.

Durante la audiencia en la que se resolvió el caso, el acusado admitió su participación en los hechos. Su defensor oficial, Sebastián Nolivo, no formuló objeciones a la descripción de lo ocurrido ni a la calificación legal propuesta por la fiscalía.

Por su parte, la defensora de menores, Alicia Merino, quien intervino en representación de las víctimas, manifestó su conformidad con el procedimiento realizado.

Al fundamentar el pedido de pena, Saccomandi informó que el hombre tenía antecedentes penales computables y solicitó una condena de cinco meses y diez días de prisión efectiva.

Luego de escuchar a las partes, el juez Guillermo Baquero Lazcano resolvió imponer la pena solicitada y declarar penalmente responsable al acusado por el delito atribuido.

La sentencia quedó firme

La resolución adquirió firmeza de manera inmediata, debido a que se renunció a los plazos procesales previstos para recurrir la sentencia. De esta manera, la condena quedó firme sin necesidad de esperar el vencimiento de esos plazos.

Además de la pena de prisión efectiva, la resolución contempló las costas del proceso, la declaración de reincidencia del condenado y la destrucción del material secuestrado.

El caso se inició con una alerta generada a partir de la actividad detectada en una cuenta digital y avanzó mediante el trabajo conjunto de los organismos que intervinieron en la investigación. El análisis forense del teléfono permitió establecer la existencia de los archivos que sustentaron la acusación y derivaron en la condena judicial.