UnTER llevó la deuda previsional de Río Negro ante la Corte Suprema de Justicia

El Consejo Directivo Central de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Gobierno de Río Negro y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para exigir el cumplimiento del compromiso asumido en el Convenio PREV-11-69/21, en el cual la jurisdicción provincial se había comprometido a no abonar sumas salariales no remunerativas.

Según la organización sindical, la falta de verificación por parte del organismo previsional nacional y la continuidad de los conceptos no remunerativos agravaron la deuda previsional, afectando tanto a los trabajadores en actividad como a quienes tramitan su haber de retiro.

La controversia central radica en la composición de los haberes del sector educativo, donde actualmente cerca del 40% del salario tiene carácter remunerativo y el 60% corresponde a sumas no remunerativas. Esta estructura impacta de forma directa en el financiamiento del Instituto de Promoción de la Seguridad Social (IPROSS), los aportes jubilatorios y la carrera salarial. Aunque el Consejo Provincial de Educación (CPE) emitió la Resolución 5933/21 para implementar un esquema de regularización destinado únicamente a los docentes próximos a jubilarse, el gremio rechaza el alcance de la norma por considerar que el perjuicio a la seguridad social se genera durante toda la vida laboral y exige un abordaje integral para la totalidad del cuerpo docente.

En el ámbito administrativo, el propio Estado rionegrino reconoció la existencia de aportes y contribuciones patronales no ingresados correctamente, situación que genera trabas y demoras en los trámites previsionales.

Ante esta problemática, las 18 seccionales de UnTER impulsarán reclamos administrativos descentralizados con el fin de relevar los expedientes demorados y exigir soluciones concretas a las autoridades provinciales. Desde la conducción gremial sostienen que el costo económico de la regularización y la rectificación de las declaraciones juradas debe ser asumido íntegramente por el Gobierno provincial y no trasladado a los trabajadores.

En paralelo al frente judicial, el sindicato ratificó el pedido de una convocatoria inmediata a paritarias para discutir la recomposición del salario, el funcionamiento del IPROSS, las auditorías médicas privadas, las condiciones de trabajo y la política educativa provincial.

El gremio enfatizó que el conflicto previsional no puede responderse con medidas aisladas ni parches particulares, exigiendo al Estado la garantía plena de los derechos de la docencia rionegrina.