Tres médicos fueron imputados por la muerte de una joven de 22 años

Tres profesionales de la salud fueron imputados por homicidio culposo en el marco de una investigación por la muerte de una joven de 22 años, ocurrida mientras permanecía internada en un centro privado de salud de Viedma.

La acusación fue formulada este martes por el Ministerio Público Fiscal. Según planteó la fiscal Paula de Luque, el fallecimiento estuvo relacionado con la presunta omisión de implementar en tiempo oportuno un tratamiento indicado ante la sospecha de Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT).

La joven había ingresado a la guardia del centro de salud durante la mañana del 15 de diciembre de 2024. Uno de los imputados se desempeñaba como profesional de guardia, mientras que los otros dos cumplían funciones de coordinación en la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo con la Fiscalía, el 18 de diciembre se obtuvieron resultados que indicaban la presencia de anemia hemolítica microangiopática (MAHA) y confirmaban la sospecha de PTT.

A partir de ese momento, sostuvo la fiscal, el tratamiento indicado con carácter urgente era la plasmaféresis. La evidencia científica incorporada a la investigación señala que este procedimiento puede reducir la mortalidad asociada a la enfermedad de más del 90% a menos del 20%.

La acusación sostiene que los tres profesionales, desde sus respectivas funciones, conocían la sospecha diagnóstica, el tratamiento indicado y la posibilidad de realizar la plasmaféresis en la institución, pero que el procedimiento no fue implementado.

Para la Fiscalía, esa omisión incrementó el riesgo propio de la enfermedad. La joven murió el 19 de diciembre de 2024 y el certificado de defunción consignó como causa la Púrpura Trombótica Trombocitopénica.

Qué tiene la Fiscalía como evidencia

Durante la audiencia, la fiscalía detalló los elementos reunidos hasta el momento. Entre ellos se encuentran la denuncia penal presentada por el padre de la joven y su posterior ratificación, la historia clínica, estudios complementarios y una pericia realizada por una junta médica del Cuerpo de Investigación Forense.

También incorporó la respuesta de profesionales del establecimiento de salud, quienes informaron que la institución cuenta con la posibilidad de realizar plasmaféresis, además de los testimonios de otros cinco médicos.

La Fiscalía señaló que el informe de la junta médica planteó interrogantes acerca de por qué no se realizó el procedimiento y remarcó que todavía resta obtener información.

En ese marco, solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación. La querella, ejercida por el abogado Favio Igoldi, adhirió al pedido.

La defensa cuestionó la acusación

El abogado de los tres imputados, Damián Torres, se opuso a la formulación de cargos y cuestionó el hecho atribuido por considerar que no alcanzaba los estándares necesarios para avanzar en esta instancia.

Entre otros planteos, sostuvo que la acusación no individualizaba con precisión qué conducta correspondía a cada uno de los profesionales ni qué norma habría infringido.

También cuestionó la relación planteada por la Fiscalía entre el supuesto incremento del riesgo y el resultado muerte.

La defensa repasó las respuestas brindadas por el centro de salud a la Fiscalía y sostuvo que la actuación de los profesionales no tuvo incidencia en el resultado, atribuyendo el fallecimiento a la propia enfermedad.

Cuatro meses para investigar

Luego de solicitar distintas precisiones durante la audiencia, el juez de Garantías Guillermo González Sacco tuvo por formulados los cargos contra los tres profesionales por homicidio culposo, en los términos de los artículos 45 y 84 del Código Penal.

El magistrado estableció un plazo de cuatro meses para la investigación.

A pedido de la defensa, además, dispuso la prohibición de difundir los nombres e imágenes de los tres imputados, con el objetivo de no perjudicar las medidas que la defensa llevará adelante para desarrollar su teoría del caso.

La investigación continuará durante los próximos meses para determinar las responsabilidades individuales y establecer si existió una relación entre la conducta atribuida a los profesionales y el fallecimiento de la joven. (ANB)