Relevan la situación habitacional en el barrio Perón tras un fallo de la Corte Suprema sobre tierras de YPF

El Ministerio Público de Río Negro llevó a cabo una diligencia judicial de constatación en el barrio Perón, ubicado en las inmediaciones de la intersección de la avenida homónima y la Ruta Provincial 1. La medida se desarrolló en el marco de una causa judicial iniciada en 2019 sobre un terreno perteneciente a la empresa YPF, expediente que este año quedó radicado formalmente en el fuero provincial luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera la competencia territorial.

El procedimiento comenzó  con una reunión informativa liderada por la fiscal Paula de Luque, quien explicó a las familias residentes que la medida tenía por objetivo registrar la realidad actual del lugar. Calificada como una tarea de rutina dentro de la investigación, la jornada contó con la participación de la Fiscalía, la Defensa Pública, la Oficina de Servicio Social, el abogado de la empresa YPF, el representante legal de uno de los residentes, personal policial y del Gabinete de Criminalística, desarrollándose de manera acordada y sin la intervención directa de la magistratura.

Durante la jornada, los participantes se organizaron en dos equipos de trabajo que recorrieron las viviendas del predio. El relevamiento buscó identificar a los habitantes actuales, conocer la composición de cada grupo familiar, indagar sobre cómo llegaron al lugar y verificar sus condiciones cotidianas de habitabilidad. Asimismo, la medida permitió que las familias expusieran su versión de los hechos y aportaran sus antecedentes para garantizar el ejercicio de sus derechos durante el desarrollo de la causa.

Por su parte, la defensora oficial Graciela Carriqueo y las profesionales de la Oficina de Servicio Social anticiparon a los vecinos que la información reunida se utilizará para confeccionar un informe socioambiental. Este documento será incorporado al expediente con el objetivo de evaluar las condiciones de vida de la comunidad y resguardar sus garantías fundamentales a lo largo del proceso judicial.