Certificados médicos falsos: 119 imputados y una disputa por dónde debe tramitar la causa

La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales y cobrar los haberes completos tiene a 119 personas imputadas y sumó este miércoles una discusión previa a la formulación de cargos: qué tribunal debe intervenir en el expediente.

Durante la primera de una serie de audiencias, la Defensa Pública planteó la incompetencia territorial de los tribunales de Viedma y sostuvo que los hechos investigados no habrían ocurrido en esa ciudad ni en la Primera Circunscripción Judicial.

La presentación estuvo a cargo de la defensora pública María Paz Alvarez y fue acompañada por abogados particulares que participaron de manera virtual desde General Roca.

Según explicó la defensa, los certificados cuestionados se retiraban de un domicilio de General Roca que fue allanado durante la investigación y, aunque no en todos los casos se pudo establecer dónde fueron presentados, su utilización habría ocurrido principalmente en localidades del Alto Valle, entre ellas General Roca y Cipolletti.

En ese sentido, sostuvo que tanto el presunto uso de los documentos falsos como la supuesta defraudación se habrían consumado en esa región. También señaló que allí se encontraban el consultorio, la médica y la persona que habría gestionado los certificados, además de que en esa zona se produjo la acreditación de los haberes.

La Defensa agregó que los allanamientos, la obtención de evidencia y la ubicación de testigos también vinculan la investigación con el Alto Valle.

La postura de la Fiscalía

La acusación, integrada por los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, se opuso al planteo y pidió que la causa continúe tramitándose en Viedma.

La Fiscalía sostuvo que la competencia de los magistrados alcanza a toda la provincia, aunque desarrollen prioritariamente sus funciones en la circunscripción para la que fueron designados. También señaló que más de 70 de las personas imputadas ya cuentan con defensa oficial de Viedma y que un eventual cambio de competencia requeriría nuevas designaciones.

Otro de los argumentos planteados fue que el perjuicio económico atribuido a los hechos habría recaído sobre la administración pública provincial, cuya sede se encuentra en Viedma.

La Fiscalía también explicó que buena parte del procesamiento de la evidencia se realizó en esa ciudad, con intervención de organismos técnicos, peritos informáticos y profesionales contables del Ministerio Público. Según indicó, solamente resta una pericia caligráfica.

La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, adhirió a esta postura y sostuvo que trasladar la causa afectaría la economía procesal.

Cuándo se definirá

El juez de Garantías Adrián Dvorzak anticipó que analizará individualmente las excepciones planteadas y que resolverá una vez que finalicen las audiencias previstas con las 119 personas imputadas.

Las audiencias continuarán los días 24, 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre. En principio, el magistrado prevé resolver los planteos después de escuchar a todas las partes, el próximo 9 de octubre.

Una vez que las resoluciones queden firmes y se determine cuál será el juez natural de la causa, podrán comenzar las formulaciones de cargos.

Por el momento, la investigación continúa en una instancia previa y las acusaciones deberán ser formalizadas ante el juez que finalmente resulte competente. (ANB)