La Fiscalía y la querella solicitarán juicio por jurados y la prorroga de la preventiva para Emerson Marín

Mañana, martes 22 de septiembre, se llevará a cabo la audiencia de control de la acusación en la causa por el femicidio de Estefanía Civardi, que tiene como único imputado a su ex pareja, el policía Emerson Marín. Tras haber culminado la etapa preparatoria, el abogado de la familia de la víctima, Martín Govetto, dialogó con ANB y detalló que mantuvieron una reunión en la sede de la fiscalía para coordinar las acciones de cara a la jornada procesal. Govetto anticipó que, si bien se prevé que la defensa realizará diversos planteos, la querella en conjunto con el Ministerio Público Fiscal solicitará formalmente que el juzgamiento se realice mediante un debate con jurados y que se disponga la extensión de la prisión preventiva del acusado.

Asimismo, el letrado remarcó la calificación legal formulada para el hecho, encuadrado como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por femicidio —en contexto de violencia de género— y por la existencia de una relación de pareja previa, marco punitivo que contempla una pena en expectativa de prisión perpetua.

El crimen investigado tuvo lugar en la madrugada del 30 de julio en el barrio Lera, cuando Marín, de 34 años, habría disparado contra Civardi, de 22 años, tras una discusión en el marco de una relación de aproximadamente un mes. Sobre el acusado pesaba un prontuario delictivo previo por haber sido investigado por el presunto uso de su arma de fuego para amenazar a otra pareja.

A pesar de haber atravesado aquel proceso penal y de habérsele concedido la suspensión del juicio a prueba, el efectivo continuó en posesión de su arma reglamentaria. Al respecto, Govetto calificó como "muy muy grave" esta circunstancia, señalando que las falencias institucionales puestas al descubierto constituyen un agravante en el caso.

Durante el desarrollo de la etapa preparatoria, el abogado defensor de Marín, Navarro, planteó en reiteradas ocasiones la anulación de las tres actas de pericia ocular del día de la detención, sosteniendo que el procedimiento fue "defectuoso" ante la aparición de ADN de un tercero en el arma secuestrada. Navarro también requirió la nulidad del secuestro del armamento y objetó la cadena de custodia de las pruebas.

De forma paralela, reiteró el pedido de revocatoria de la medida cautelar alegando que la única capacitación acreditada del imputado era un curso sobre la Ley Micaela, afirmando que no existían argumentos verídicos de riesgo de fuga y acusando a la Fiscalía de aportar información falsa para sostener las prórrogas. Sin embargo, los peritajes ratificaron la presencia de material genético del imputado en el arma secuestrada y el juez Lanfranchi desestimó de manera sistemática cada una de las solicitudes presentadas por la defensa.