Denunció amenazas tras un alcoholemia positivo y la Justicia le impuso al conductor una restricción

Una inspectora de Tránsito de Catriel denunció a un conductor al que había infraccionado luego de un resultado positivo en un control de alcoholemia. La mujer aseguró haber recibido insultos, amenazas, intimidaciones y hostigamiento, y pidió medidas para protegerse. La Justicia resolvió establecer una restricción de acercamiento, aunque derivó el expediente a otro fuero.

La denuncia fue presentada el 9 de septiembre en la Comisaría 9ª de Catriel, donde la empleada municipal relató las situaciones que, según sostuvo, sufrió después de intervenir en el procedimiento de tránsito. En su presentación también señaló al padre del conductor como parte de las conductas que denunció.

De acuerdo con su declaración, la inspectora afirmó haber sido objeto de “insultos, amenazas, intimidaciones y hostigamiento”. Además, sostuvo que esos comportamientos estarían vinculados tanto con su condición de mujer como con el ejercicio de su función pública.

Al día siguiente, la mujer ratificó la denuncia durante una audiencia ante el Juzgado de Paz de Catriel, a cargo de Daniel Delgado. El magistrado analizó el planteo y resolvió dictar medidas de protección para resguardar a la denunciante.

La decisión fue adoptada en el marco de la Ley Nacional 26.485, que establece un sistema de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales.

En su resolución, Delgado explicó que la normativa permite que una mujer que se considere afectada por una situación de violencia pueda realizar una denuncia ante cualquier juez o jueza, independientemente del fuero o instancia. Luego, explicó, debe determinarse qué órgano judicial resulta competente para continuar con el expediente.

El magistrado sostuvo además que, como referente del órgano jurisdiccional que recibió la presentación, tenía la obligación de aplicar la normativa específica y de mayor protección frente a una posible situación de violencia de género. Para ello, mencionó los principios de actuación de oficio, tutela judicial efectiva y protección integral de la víctima.

Con ese criterio, consideró necesario establecer medidas cautelares destinadas a proteger la integridad psicofísica de la inspectora y evitar que pudieran repetirse situaciones de violencia, hostigamiento, agresión o molestias.

Una restricción de 500 metros

Entre las medidas dispuestas, el juez estableció la prohibición de acercamiento y contacto del denunciado respecto de la mujer. La restricción fijó una distancia mínima de 500 metros.

La prohibición alcanza el lugar de trabajo de la inspectora, pero también otros espacios en los que estudie, se reúna, realice actividades de esparcimiento o concurra habitualmente.

Además, el conductor deberá abstenerse de manera inmediata de realizar cualquier acto de perturbación o intimidación contra la denunciante. La resolución incluye también la prohibición de generar incidentes, agravios, molestias o situaciones de hostigamiento.

La medida alcanza cualquier medio de contacto, incluidos los mensajes telefónicos y las redes sociales.

Delgado aclaró que las disposiciones tienen carácter obligatorio y que, ante un eventual incumplimiento, deberá darse intervención a la Fiscalía.

Juzgado de Paz de Catriel.

El juzgado se declaró incompetente

Aunque dispuso las medidas para proteger a la inspectora, el juez de Paz también resolvió que no le correspondía continuar interviniendo en el expediente.

La razón está relacionada con el origen del conflicto. Según explicó Delgado, el enfrentamiento entre las partes no habría comenzado a partir de un vínculo personal, familiar o afectivo, sino a raíz de un procedimiento administrativo y contravencional realizado por la mujer como parte de sus funciones en el área de Tránsito municipal.

En ese procedimiento se había labrado una infracción luego de que el conductor diera positivo en un control de alcoholemia. A partir de esa actuación, según la denuncia, se habrían producido las situaciones de insultos, amenazas e intimidaciones que llevaron a la empleada municipal a recurrir a la Justicia.

Para el magistrado, este aspecto resulta determinante para establecer qué fuero debe intervenir. Consideró que los hechos denunciados aparecen vinculados directamente con el ejercicio de una función pública municipal y que el origen del conflicto está relacionado con un procedimiento sancionatorio por una infracción a las normas de tránsito.

Por ese motivo, sostuvo que no se trata de un conflicto estrictamente interpersonal ni de una situación laboral desvinculada de las funciones de la trabajadora. Por el contrario, señaló que el vínculo entre ambas partes se habría generado precisamente a partir del ejercicio de las facultades públicas de la inspectora.

Con ese argumento, ordenó remitir las actuaciones a la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA), con sede en Cipolletti.

Las medidas seguirán vigentes de manera provisoria

El juez aclaró que la decisión sobre las medidas de protección es provisoria y que quedará sujeta a la consideración de la unidad jurisdiccional que finalmente continúe con la tramitación del expediente.

Mientras se define esa continuidad, la prohibición de acercamiento y contacto seguirá funcionando como una medida preventiva destinada a evitar nuevos episodios entre el denunciado y la inspectora.

También se informó a las partes que, en la instancia judicial que continúe con el caso, deberán contar con asistencia de un abogado particular o, si no pueden afrontar ese costo, podrán solicitar asesoramiento y representación de manera gratuita a través de la Defensa Pública.

De esta manera, el caso tendrá ahora continuidad en otro ámbito judicial, mientras permanecen vigentes las medidas ordenadas para resguardar a la empleada municipal que denunció haber sido hostigada después de intervenir en un procedimiento de tránsito.