El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, un nuevo marco jurídico que abarca a adolescentes de entre 14 y 17 años. Firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, el decreto 875/26 habilita la judicialización de menores a partir de los 14 años por delitos tipificados en el Código Penal. La normativa prevé la aplicación de condenas, medidas alternativas y, en situaciones específicas, la privación de la libertad.

La autoridad de aplicación designada es el Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo la coordinación de la medida, el dictado de normas complementarias y la firma de convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Entre las principales novedades del sistema se destaca la figura del supervisor especializado, un profesional del área de la educación, psicología o trabajo social que realizará el seguimiento del adolescente. Para ello, se dispondrá de un Registro de Supervisores que funcionará de manera provisoria por un plazo máximo de 180 días mientras se sustancia la convocatoria definitiva.

En términos organizativos, el decreto formaliza la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, compuesto por representantes de las carteras de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Este órgano técnico se encargará de diseñar políticas comunes de prevención y reinserción, intercambiar estadísticas y coordinar las penas alternativas. A su vez, se constituirá la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil para armonizar criterios y facilitar la cooperación entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El nuevo ordenamiento también contempla derechos específicos para las víctimas, quienes tendrán garantizado el patrocinio jurídico gratuito, la tutela efectiva y asistencia especializada. Asimismo, el Ministerio de Justicia deberá implementar programas de capacitación continua para magistrados, fiscales, defensores y operadores del sistema, en articulación con un mecanismo reservado de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia.

No obstante, la entrada en vigencia del régimen se produce en un contexto de marcada incertidumbre en los tribunales de menores de distintas jurisdicciones.

Sectores judiciales han advertido sobre un inminente incremento en el volumen de causas y expresado dudas en torno a si el Estado cuenta con la infraestructura de alojamiento, el personal técnico idóneo, los dispositivos de monitoreo electrónico y los supervisores especializados necesarios para asegurar la aplicación efectiva de la ley en todo el territorio nacional.