Murió de forma violenta en 2008 y su hijo no podía cobrar un beneficio: el trámite que destrabó la Justicia

Durante casi 18 años, una muerte violenta ocurrida en Catriel quedó pendiente de un trámite que parecía administrativo, pero que terminó siendo clave para el futuro de un joven. La falta de una partida oficial de defunción le impedía acreditar ante ANSES un requisito indispensable para acceder a la reparación económica prevista por la Ley Brisa.

El joven llegó hasta la Defensa Pública de Cipolletti en busca de una solución. Su padre había fallecido en 2008 y, aunque existía un certificado expedido por un médico forense y el cuerpo había sido sepultado, el fallecimiento nunca había quedado asentado formalmente en los registros de Río Negro.

La situación se originó en una circunstancia que puede resultar difícil de imaginar casi dos décadas después: la familia no había realizado la inscripción dentro del plazo legal de 60 días porque desconocía que debía hacerlo y suponía que esa gestión quedaría a cargo de los organismos que habían intervenido tras la muerte.

El tiempo pasó y aquella omisión adquirió una consecuencia concreta. Sin la partida de defunción, el hijo no podía avanzar con la documentación necesaria para solicitar el beneficio destinado a quienes perdieron a uno de sus progenitores en un contexto de violencia familiar o de género.

Un documento que faltaba desde 2008

El fallecimiento se produjo en Catriel y tuvo características violentas. En aquel momento, un médico forense había emitido el certificado correspondiente, por lo que existía documentación oficial sobre la muerte.

Además, el hombre fue sepultado en un cementerio de la provincia de Neuquén.

Lo que faltaba era el paso registral: que el fallecimiento quedara incorporado oficialmente en el libro del Registro Civil de Río Negro.

Para el joven, esa ausencia no era simplemente un problema de papeles. Significaba no poder completar un trámite necesario para acceder a una reparación económica creada precisamente para acompañar a hijos que quedaron en una situación de vulnerabilidad después de la muerte violenta de uno de sus padres.

Por eso acudió a una Defensoría de Pobres y Ausentes de Cipolletti y planteó la necesidad de regularizar la inscripción.

La Justicia permitió corregir el problema

Con la documentación disponible y luego de acreditar el vínculo filial, el caso llegó a la Justicia de Familia.

La jueza que intervino analizó los antecedentes y ordenó al Registro Civil de Río Negro que realizara la inscripción del fallecimiento fuera del plazo establecido.

La resolución permitió así completar un trámite que había quedado pendiente desde 2008 y que, muchos años después, se había transformado en una condición indispensable para que el joven pudiera continuar con el pedido de la reparación ante ANSES.

La intervención judicial no implicó por sí misma el otorgamiento automático del beneficio, pero sí permitió remover el obstáculo registral que impedía iniciar o completar el procedimiento correspondiente.

Qué establece la Ley Brisa

La reparación económica está contemplada en la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, y está destinada a niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores hayan fallecido en situaciones de violencia familiar o de género.

El beneficio consiste en un pago mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo y también incluye cobertura de salud.

La prestación alcanza a personas de hasta 21 años. En el caso de personas con discapacidad, puede mantenerse sin límite de edad.

La norma busca brindar una herramienta de protección económica a quienes quedan afectados por la muerte de uno de sus progenitores en circunstancias de violencia.

En el caso de Cipolletti, para poder avanzar hacia ese derecho había primero que resolver una cuestión mucho más básica: que la muerte estuviera oficialmente registrada.

Dónde pedir ayuda en Cipolletti

El caso también muestra el rol que puede tener la Defensa Pública frente a problemas que, por desconocimiento o falta de recursos, permanecen sin resolver durante años.

En Cipolletti, las personas que necesitan asesoramiento pueden acudir al Centro de Acceso a la Defensa Pública (Cadep), ubicado en el primer piso de Roca y Sarmiento.

La atención presencial es de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. También se pueden realizar consultas por WhatsApp al 2996 31-1684.

Después de casi dos décadas, una inscripción pendiente dejó de ser un obstáculo. La orden judicial permitirá que el joven pueda continuar el trámite para acceder a una reparación que la ley creó para quienes atravesaron una de las consecuencias más graves de la violencia familiar o de género.