Trata de personas en Neuquén: el giro inesperado en la causa contra dos supermercadistas chinos

Una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral que durante años tuvo bajo la lupa a los dueños de un supermercado de Neuquén terminó con un desenlace inesperado. Los dos hombres acusados no irán a juicio: las víctimas aceptaron una reparación económica de $35 millones y la Justicia declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento definitivo de los imputados.

El expediente se inició en mayo de 2017, cuando la Fiscalía Federal de Neuquén comenzó a investigar las condiciones en las que trabajaban una mujer y un hombre, ambos de nacionalidad china. La sospecha era que cumplían extensas jornadas laborales, no recibían un salario y tampoco contaban con beneficios sociales.

La investigación se extendió durante varios meses y finalmente derivó en un operativo que marcó un antes y un después en el caso.

Trata de personas: el allanamiento que puso todo al descubierto

El 5 de febrero de 2018, los investigadores allanaron el supermercado ubicado sobre calle Ignacio Rivas. Durante el procedimiento fueron rescatadas las dos personas que eran objeto de la investigación, también de nacionalidad china.

A partir de las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal acusó a los propietarios del comercio de trata de personas mayores de 18 años, bajo la modalidad de acogimiento y con fines de explotación laboral.

La imputación contempló además una serie de agravantes. Según la acusación, la explotación laboral se habría consumado aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas y mediante malos tratos utilizados como mecanismo de intimidación.

Había otro elemento que, para los investigadores, resultaba especialmente relevante: las dos víctimas hablaban únicamente chino, no tenían familiares en Argentina y dependían de los acusados en distintos aspectos de su vida cotidiana.

Los dos imputados, oriundos de la provincia china de Fujian, quedaron así vinculados a una causa federal de extrema gravedad.

Casi una década después, una salida inesperada

Con el paso del tiempo, el proceso tomó un rumbo diferente al que inicialmente podía esperarse.

En lugar de avanzar hacia un juicio oral, el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular acordaron buscar una salida alternativa mediante la reparación integral del conflicto.

La propuesta contempló una indemnización para las dos víctimas, tanto por el daño material como por el daño moral que se planteó durante el proceso.

La fiscal que intervino explicó que una persona que sufrió una afectación de estas características tiene derecho a obtener una reparación por las consecuencias que ese daño puede generar en su vida cotidiana.

El monto acordado fue de $35 millones.

Las víctimas aceptaron el acuerdo

Cada una de las dos víctimas recibirá $17,5 millones.

Pero para que la alternativa pudiera avanzar era necesario contar con su consentimiento. Ambas fueron consultadas y aceptaron la propuesta de reparación integral.

Los propietarios del supermercado también prestaron conformidad con el acuerdo durante la audiencia.

Sin embargo, hubo una precisión clave: el pago de la indemnización no implica que los acusados reconozcan haber participado en los hechos por los que fueron imputados.

La reparación fue planteada como una herramienta para resolver el conflicto y poner fin al proceso penal, sin que el pago significara una admisión de responsabilidad.

El Tribunal tomó una decisión definitiva

Con el acuerdo sobre la mesa y el consentimiento de las víctimas, el presidente del Tribunal Oral Federal realizó un análisis de la situación y finalmente homologó la reparación integral.

Durante la audiencia, el magistrado también hizo referencia a las diferencias culturales entre China y Argentina y a las distintas concepciones sobre las condiciones laborales y la precarización.

Una vez homologado el acuerdo, ordenó el pago de los $35 millones destinados a las dos víctimas.

Pero la resolución tuvo además una consecuencia decisiva para los dos acusados.

Sobreseimiento definitivo

El Tribunal declaró extinguida la acción penal contra los propietarios del supermercado y ordenó su sobreseimiento definitivo.

De esta manera, la causa por trata de personas que comenzó en 2017 y tuvo como uno de sus momentos centrales el allanamiento de febrero de 2018 llegó a su final.

La investigación había comenzado con la sospecha de explotación laboral de dos trabajadores en situación de vulnerabilidad. La acusación avanzó hasta encuadrar los hechos como trata de personas con fines de explotación laboral. Sin embargo, el expediente terminó con una salida alternativa: $35 millones de reparación para las víctimas y el cierre definitivo de la causa penal para los dos imputados.