Tras 19 años de servicio
Renunció una de las funcionarias judiciales que denunció a la fiscal Cendón por maltrato laboral
Otra funcionaria judicial, denunciante en la causa contra la fiscal Betiana Cendón por maltrato laboral, elevó su renuncia indeclinable al cargo, tras 19 años de servicio.
El 19 de agosto venció el plazo para la instrucción del sumario que el Consejo de la Magistratura de Río Negro abrió para investigar las denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche. El expediente llega así al límite de su etapa investigativa casi un año después de que un grupo de funcionarios judiciales presentara una denuncia colectiva en su contra. Los denunciantes señalaron entonces presuntos hechos de maltrato, violencia laboral, abuso de poder e injerencias funcionales, además de otras conductas que consideraron incompatibles con el ejercicio del cargo y que, en algunos casos, calificaron como posibles delitos.
En medio de ese proceso, Mónica Goye, defensora adjunta penal y una de las denunciantes originales, decidió dejar el Poder Judicial luego de 19 años de trayectoria ininterrumpida. Según la carta de renuncia a la que tuvo acceso este medio, la funcionaria presentó su dimisión "indeclinable" el 3 de agosto, con efectos a partir del 21 de septiembre de 2026.
La carta de renuncia dejó al descubierto, una serie de críticas al sistema de justicia y las "omisiones de ciertas irregularidades institucionales.
"Tomo esta decisión amparada en la más absoluta firmeza de mis convicciones y mi dignidad profesional: me resulta imposible continuar integrando un sistema de justicia que, mediante sus prácticas, tolerancias y omisiones, termina por legitimar la violencia institucional. Cuando la estructura que debe garantizar los derechos falla desde su propio interior, el camino más coherente con mi ética es dar un paso al costado".
En el texto, Goye sostiene que las recientes experiencias institucionales que le tocó atravesar marcaron un punto de inflexión y afirma que le resulta imposible seguir formando parte de un sistema de justicia que, a su entender, termina legitimando la violencia institucional a través de sus prácticas, tolerancias y omisiones internas.
La nota está dirigida al titular de la Defensoría Penal N° 4, Nelson Vigueras, para que sea elevada al Defensor General y, por su intermedio, al procurador general de Río Negro, Jorge Crespo.
La funcionaria agradeció a colegas, empleados y funcionarios con quienes compartió su labor a lo largo de casi dos décadas, y se puso a disposición para garantizar una transición ordenada de las tareas de la Defensoría hasta la fecha en que su renuncia se haga efectiva.
La coincidencia entre el vencimiento del plazo de instrucción del sumario y la salida de una de las denunciantes originales suma un nuevo elemento a un caso que continúa bajo seguimiento judicial.