Presentan amparo ambiental por la apertura de una calle en mallín El Abrazo

El concejal Leandro Costa Brutten presentó una acción de amparo ambiental contra el intendente Walter Cortés y la Municipalidad de Bariloche, por la apertura de una nueva calle en un terreno privado que, según la presentación, se ejecutó sin ordenanza que la autorice y con posible afectación a una zona de mallín El Abrazo, vinculada al Arroyo Ñireco. La presentación fue radicada ante la Justicia provincial en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional y solicita, entre otras medidas, la suspensión preventiva de los trabajos, la prohibición de nuevos movimientos de suelo y la eventual recomposición del ambiente al estado previo a la intervención.

Según el escrito presentado, durante los días 15, 16 y 17 de agosto personal y maquinaria municipal ingresaron a un inmueble privado para ejecutar el trazado de una calle. La presentación sostiene que esa intervención se realizó sin que exista una ordenanza del Concejo Deliberante que la haya creado, autorizado o habilitado. Los trabajos se habrían comenzado mediante una resolución del Ejecutivo.

El texto detalla que vecinos de los barrios 112 Viviendas y 150 Viviendas, junto con autoridades de juntas vecinales, reclamaron a funcionarios municipales que acreditaran la norma que respaldaba la obra, sin obtener respuesta. De acuerdo con el amparo, los responsables de los trabajos en el lugar manifestaron a los vecinos que actuaban por orden del intendente, pero sin exhibir documentación que lo sustentara.

La acción judicial afirma que la zona intervenida corresponde a un mallín vinculado al Arroyo Ñireco, con presencia de paleocauces, napa freática superficial, vertientes y sistemas de drenaje, características que, según cita el propio Informe de Factibilidad Ambiental del sitio, exigen especial consideración por su sensibilidad hidrológica.

El escrito también advierte que los trabajos realizados incluyeron relleno, nivelación, compactación y movimiento de suelo, acciones que podrían alterar la infiltración natural, aumentar la escorrentía y afectar el flujo de aguas subterráneas.

El planteo judicial diferencia entre la existencia de un Código Urbano municipal, que establece un marco general de planificación, y la necesidad de una ordenanza específica para afectar una superficie privada al dominio público con destino a calle. Para Costa Brutten, la normativa genérica no habilita al Departamento Ejecutivo a decidir por sí mismo la apertura material de una nueva traza vial.

Entre las medidas solicitadas al Poder Judicial, el amparo pide la suspensión cautelar de toda intervención en el predio, la prohibición de nuevos movimientos de suelo, rellenos o compactaciones, una inspección judicial urgente y la designación de peritos en hidrología, geología, ambiente y topografía. También reclama que la Municipalidad acompañe el expediente administrativo completo del Proyecto N.º 159-24 y que el Tribunal de Contralor informe si tomó conocimiento de la obra y qué medidas adoptó al respecto.

De comprobarse el daño ambiental, la presentación solicita que se ordene un Plan de Recomposición Ambiental bajo control judicial, con participación de peritos independientes, que contemple el retiro de rellenos, la recuperación de pendientes y drenajes, y la restauración de las condiciones hidrológicas y de vegetación previas a la intervención.

La causa quedó radicada en la Justicia de Río Negro, que deberá resolver sobre la medida cautelar solicitada antes de avanzar con el trámite de fondo del amparo.