2026-08-11

Daño temido

La Justicia ordena el retiro de 20 pinos peligrosos en una medianera de la zona oeste

El fallo del fuero Civil responde a una acción de daño temido iniciada por una vecina ante el riesgo de caída sobre su vivienda. El Servicio Forestal Andino determinó que los ejemplares presentan inestabilidad estructural y recomendó su corte total para evitar accidentes.

Un reciente fallo judicial ha ordenado la tala al ras del suelo de 20 pinos ponderosa situados en la zona oeste de Bariloche, tras confirmarse el peligro inminente que representan para una vivienda lindera.

La decisión, enmarcada en una acción de daño temido, se sustenta en un informe del Servicio Forestal Andino que advirtió sobre la inestabilidad estructural de los ejemplares, los cuales superan los 20 metros de altura. Según los especialistas, el estado de los árboles constituye una amenaza ante los fuertes vientos, con posibilidades de desrames, desgajes o roturas de troncos que podrían afectar directamente la propiedad vecina y la integridad física de sus ocupantes.

La demandante recurrió a la justicia tras intentar, sin éxito, obtener soluciones mediante reclamos verbales a los responsables de las propiedades vecinas. El magistrado interviniente consideró que el planteo reunía las características de un peligro cierto y grave, avalando la necesidad de una intervención preventiva para hacer cesar el riesgo detectado por la evaluación técnica. La medida afecta a Del Valle SRL y a los responsables de las explotaciones comerciales “La Posada del Angel” y “La Posada del Chimango”, quienes deberán realizar los trabajos respetando los trámites y normativas del organismo forestal.

Además de la orden de remoción, el Servicio Forestal Andino recomendó que los pinos sean reemplazados por especies nativas arbustivas en igual cantidad. Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, el juez estableció que, en caso de inacción por parte de los obligados, la mujer que promovió la demanda podrá efectuar los cortes a costo de los demandados. Asimismo, se fijó una sanción de 50.000 pesos por cada día de demora y se advirtió que los antecedentes podrían ser remitidos al fuero penal ante la posible comisión de un delito de orden público si no se acata la resolución.

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