San Antonio Oeste tendrá su propio Juzgado de Familia

La localidad de San Antonio Oeste inició un proceso de transformación en su estructura judicial a partir de una iniciativa legislativa presentada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El proyecto, que buscaba optimizar la respuesta estatal ante los conflictos legales, propuso dividir las competencias del actual Juzgado número 9, el cual hasta ahora centralizaba expedientes civiles, comerciales, de minería y de familia.

Esta propuesta fue ratificada por la Legislatura provincial, que aprobó por unanimidad la Ley 5862. Con esta nueva normativa, el Juzgado número 9 mantendrá la competencia civil, comercial y de minería, mientras que el flamante Juzgado número 15 se dedicará exclusivamente a la materia de Familia.

La decisión de ampliar la estructura orgánica no fue arbitraria, sino que respondió a un exhaustivo análisis de la demanda judicial en la zona. Los estudios técnicos que respaldaron el proyecto examinaron variables clave como el crecimiento de la población alcanzada, el ingreso constante de nuevas causas y el volumen de sentencias dictadas en comparación con otras dependencias similares.

Según los fundamentos de la iniciativa, el juzgado preexistente en San Antonio Oeste mostraba una carga de trabajo sumamente elevada en el fuero de Familia, concentrando una porción estable y significativa de los ingresos judiciales de la región.

Con la ley ya sancionada, el siguiente paso crucial es la designación de la magistratura que estará al frente del nuevo organismo. Para ello, se ha puesto en marcha un proceso de selección que contempla diversas etapas de evaluación para las personas postulantes. El camino hacia el cargo incluirá un examen de aptitud psicofísica, una valoración detallada de los antecedentes profesionales, un examen de oposición de carácter obligatorio y, finalmente, una entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura.

Todo el procedimiento busca garantizar que quien asuma la titularidad del juzgado acredite fehacientemente los requisitos constitucionales y legales previstos para la función.