La Legislatura aprobó el pase a planta permanente de más de 4200 trabajadores estatales rionegrinos

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves (6/08) la ley de pase a planta permanente para más de 4200 trabajadores estatales provinciales, una medida que permitirá avanzar en la regularización laboral de agentes que actualmente se desempeñan bajo diferentes modalidades de contratación.

La norma contempla a quienes hayan ingresado a la administración pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo trabajadores contratados bajo distintas figuras laborales. Según explicó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), también quedaron incluidos quienes actualmente cumplen funciones bajo la modalidad de Hora Cátedra.

Desde el gremio estatal celebraron la aprobación en las puertas de la Legislatura, donde cientos de trabajadores realizaron una vigilia desde la noche anterior para acompañar el tratamiento del proyecto.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, destacó que la aprobación representa "un logro producto de la lucha colectiva" y señaló que la organización sindical venía reclamando la estabilidad laboral para trabajadores que cumplen funciones dentro del Estado provincial.

"Esta ley alcanza a más de 4200 trabajadores y es fruto de un esfuerzo colectivo", expresó el dirigente, quien además sostuvo que la estabilidad laboral permitirá mejorar las condiciones de trabajo dentro de los organismos públicos.

De acuerdo con la información difundida por ATE, alrededor del 35% de los trabajadores alcanzados pertenecen a las áreas de Salud Pública, bajo los regímenes de las leyes 1904 y 1844. El resto se distribuye entre organismos como Educación, Desarrollo Humano, IPROSS, Ambiente, Trabajo, Secretaría General, Ministerio de Gobierno y Turismo, entre otros.

La incorporación efectiva a planta permanente estará sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por la ley. Entre ellos se encuentran la aprobación de evaluaciones teóricas virtuales del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), un examen de idoneidad, un control psicofísico y la ausencia de sanciones disciplinarias.

Desde ATE señalaron además que la estabilidad laboral "es un derecho" y remarcaron que el proceso no implica un aumento de personal, sino la formalización de trabajadores que ya cumplen funciones dentro de la estructura estatal. (ANB)