Comenzó la sesión por la reforma de la Ley de Tierras

El Senado de la Nación inició el debate sobre el proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa que busca transformar profundamente el régimen de tenencia de tierras en Argentina. El eje central de la propuesta es la eliminación total de los límites vigentes para la adquisición de territorio por parte de inversores extranjeros, lo que permitiría, en teoría, la compra de la totalidad del suelo nacional.

Actualmente, la normativa establece un tope del 15% sobre la superficie rural total, del cual solo el 5% se encuentra hoy en manos extranjeras. Con esta reforma, se habilitaría la concentración de tierras incluso en zonas donde la extranjerización ya supera el 40%, afectando áreas consideradas clave para la soberanía nacional.

La sesión se desarrolla en un clima de incertidumbre política debido a las dudas sobre el quórum y a las tensiones internas dentro del propio oficialismo. Trascendió un fuerte cruce de mensajes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se mostraba reticente a realizar la sesión, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. A pesar de estas diferencias, el Gobierno logró aceitar el apoyo de bloques aliados y provinciales tras conceder a las provincias la potestad de autorizar o rechazar las ventas en sus territorios.

El paquete legislativo no se limita únicamente a la venta de tierras, sino que introduce cambios drásticos en otros ámbitos legales y ambientales. Entre ellos, se destaca la creación de la figura del "desalojo exprés", que permite a un juez ordenar la restitución inmediata de una propiedad sin necesidad de esperar una sentencia definitiva.

Asimismo, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego eliminaría las restricciones para cambiar el destino de las tierras que hayan sufrido incendios, una medida que, según advierten diversos sectores, facilitaría la especulación inmobiliaria en zonas protegidas.

Otro punto de conflicto es la modificación del régimen de expropiaciones, que busca elevar las indemnizaciones y restringir el concepto de utilidad pública. Esta medida dificultaría futuras intervenciones estatales en activos estratégicos, señalándose que, bajo este nuevo esquema, procesos como la recuperación de YPF en 2012 habrían sido significativamente más complejos.

En paralelo al debate de la ley, el Senado también tiene previsto tratar 36 pliegos judiciales, entre los que figura el del juez Víctor Pesino, pieza clave en las decisiones judiciales vinculadas a la reforma laboral del Ejecutivo. Esta sesión, convocada antes del receso de invierno, marca un hito en la agenda legislativa al poner en discusión no solo el derecho de propiedad, sino el control efectivo del Estado sobre sus recursos naturales.