Formularon cargos contra el intendente de Allen por administración fraudulenta y peculado

El actual intendente de Allen quedó formalmente imputado en una causa por presunto uso irregular de fondos públicos. Este jueves, la Justicia tuvo por formulados los cargos solicitados por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación por los delitos de administración fraudulenta y peculado.

La audiencia se realizó a partir del planteo impulsado por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti. Tras escuchar a las partes, la magistrada interviniente dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de dos meses, que vencerá el 30 de agosto.

Según la Fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos del erario municipal para autorizar la compra de un teléfono celular por 479.999 pesos. El equipo fue adquirido bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad de Allen.

De acuerdo con la acusación, el monto total abonado por ese servicio ascendió a 596.812,38 pesos.

El planteo fiscal sostiene que el intendente no solo habría autorizado la compra del aparato con fondos públicos, sino que además apartó ese bien del patrimonio municipal y se lo entregó a una persona que no era agente de la comuna ni tenía ningún vínculo contractual que justificara la tenencia de un elemento del Estado.

“Con esta entrega, el imputado quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservar sobre el patrimonio público”, sostuvo la Fiscalía durante la audiencia. Para las fiscales, esa maniobra permitió que un tercero ajeno al municipio dispusiera del recurso “como si fuera propio”, generando un perjuicio al erario municipal.

El rol del segundo imputado

La causa también tiene como imputado a otro hombre, señalado como partícipe necesario del presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Según explicó la Fiscalía, esta persona habría recibido el teléfono sabiendo que no era empleado municipal ni contaba con una designación oficial que lo habilitara a usar bienes del Estado.

La acusación sostiene que su participación no se limitó a la recepción del dispositivo, sino que también habría hecho un uso activo del celular dentro de la estructura municipal. De acuerdo con el planteo fiscal, el hombre habría utilizado el teléfono para impartir órdenes y directivas de manera indirecta a empleados de la Municipalidad, arrogándose facultades de gestión.

Para el Ministerio Público Fiscal, ese comportamiento reforzó el apartamiento del bien de sus fines legales y consolidó la disposición privada de un recurso estatal.

Los delitos investigados

La calificación legal solicitada por la Fiscalía y la querella para el intendente es la de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, todo en concurso ideal.

En tanto, para el segundo imputado se formularon cargos como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La investigación se apoya en distintos artículos del Código Penal, entre ellos los vinculados a la administración fraudulenta y al peculado.

Marcelo Román, intendente de Allen.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía

Entre los elementos mencionados por el Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación figura la denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas de Allen.

También se incorporó documentación vinculada al caso, como el acta de asunción del intendente, la Carta Orgánica municipal, copias de comodatos de celulares corporativos y la factura de compra del teléfono investigado.

A eso se suma un informe elaborado por el Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó órdenes de pago secuestradas durante un allanamiento realizado por la Fiscalía en el edificio municipal.

Las fiscales también enumeraron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias realizadas a la empresa Movistar. Además, forman parte del legajo la investigación del Tribunal de Cuentas, informes de la División Judicial e Investigaciones de San Antonio Oeste y Allen, y más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.

El planteo de las defensas

Durante la audiencia, las defensas solicitaron que no se tuvieran por formulados los cargos. También pidieron que se impute como partícipe necesaria a quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda.

Además, solicitaron excluir de la plataforma probatoria la declaración testimonial de esa mujer, la documentación entregada durante el allanamiento realizado en la Municipalidad, la pericia contable y las extracciones efectuadas sobre el celular de la exfuncionaria.

Pese a esos planteos, la magistrada resolvió avanzar con la formulación de cargos y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.