La Justicia frenó nuevas obras y cambios en un terreno en disputa hasta resolver el conflicto

El avance de ocupaciones, los desacuerdos por los límites y una disputa que todavía no tiene resolución definitiva llevaron a la Justicia a intervenir en un terreno de Mallín Ahogado. El Juzgado Multifueros de El Bolsón ordenó mantener congelada la situación actual de una parcela en conflicto y prohibió cualquier obra, ampliación o modificación mientras se tramita la causa principal.

La medida fue dispuesta en el marco de un expediente por mensura, deslinde, amojonamiento y subdivisión de un inmueble vinculado a una sucesión, donde distintas personas sostienen reclamos sobre sectores del predio y sobre los derechos que dicen tener respecto a la tierra.

El planteo fue impulsado por una heredera reconocida dentro del proceso sucesorio, quien, con intervención de la Defensa Pública, denunció situaciones que —según indicó— afectaban la posesión que ejerce sobre parte del inmueble. En ese contexto, solicitó una medida judicial preventiva para evitar nuevas modificaciones hasta que exista una definición de fondo.

Entre los hechos expuestos ante el juzgado se mencionaron movimientos de alambrados, acumulación de restos de poda, ingreso de animales de granja y una ocupación progresiva de distintos sectores del terreno. También fueron señalados conflictos de convivencia y tensiones derivadas del uso compartido del espacio.

Para resolver, la jueza tomó en cuenta un mandamiento de constatación realizado en el lugar, donde se identificó a varias personas instaladas en el inmueble. Ese relevamiento fue considerado central para evaluar el escenario actual y la necesidad de evitar cambios que puedan agravar el conflicto o alterar el estado del predio antes de una sentencia.

La resolución alcanza a las personas identificadas en el expediente como ocupantes del terreno. Desde ahora, deberán abstenerse de colocar o retirar alambrados, solicitar servicios, iniciar construcciones, ampliar las ya existentes o dejar restos de poda sobre accesos y sectores comunes.

La orden también prohíbe la presencia de animales de granja cuando ello implique invadir espacios ajenos o generar nuevas molestias. Además, impide cualquier acción que pueda interpretarse como una intromisión injustificada sobre los sectores ocupados por la heredera que promovió el pedido.

Desde el juzgado consideraron que existía un riesgo concreto de agravamiento del conflicto si no se adoptaban medidas preventivas, especialmente porque todavía no existe una delimitación definitiva del inmueble y el proceso judicial busca justamente establecer cómo debe dividirse el terreno y cuáles son sus límites.

La decisión no resuelve quién es el propietario del predio ni reconoce derechos definitivos sobre las parcelas en disputa. Tampoco ordena desalojos. Su alcance es cautelar: evitar que el escenario actual cambie mientras avanza el expediente.

En términos prácticos, la medida apunta a impedir hechos consumados. Una nueva construcción, un alambrado movido o la ampliación de una ocupación podrían dificultar una futura resolución judicial y profundizar un conflicto ya atravesado por reclamos cruzados.

La disposición permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva o hasta que el juzgado disponga otra medida. Mientras tanto, el terreno deberá mantenerse sin nuevas obras, ampliaciones ni intervenciones que alteren el estado actual. (ANB)