Apagaba las cámaras y sacaba mercadería: investigan a un empleado de La Anónima de Plottier

Un empleado de la sucursal de La Anónima de Plottier quedó bajo investigación judicial acusado de haber organizado maniobras para sustraer mercadería del supermercado y venderla de manera irregular. Según la fiscalía, el hombre habría aprovechado su función dentro del depósito para facilitar el retiro de productos sin pasar por los controles habituales de la empresa.

La acusación fue presentada durante una audiencia realizada este martes, en la que la asistente letrada Nadia Pérez formuló cargos contra C.J.P.T. El imputado se desempeñaba como encargado del depósito de la sucursal 182 de La Anónima, ubicada en calles San Martín y Paraguay de Plottier.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, el empleado habría utilizado el acceso y las facultades propias de su puesto para concretar al menos dos maniobras investigadas. En ambos casos, la sospecha apunta a que apagaba las cámaras de seguridad del sector de carga y descarga para permitir que otra persona retirara mercadería del lugar.

La primera maniobra investigada

El primer hecho atribuido ocurrió el 27 de julio de 2025. Según explicó Pérez en la audiencia, ese día el imputado habría desactivado las cámaras de vigilancia de la zona de carga y descarga y luego coordinado telefónicamente la entrega de mercadería con otra persona.

Esa persona, de acuerdo con la acusación, se presentó en el supermercado a bordo de una camioneta para retirar los productos. Para la fiscalía, la maniobra generó un perjuicio económico cercano a los 700 mil pesos para la empresa.

La hipótesis de la investigación es que no se trató de un movimiento autorizado ni de una operación comercial regular, sino de una entrega organizada desde adentro de la sucursal, aprovechando el rol que el trabajador cumplía en el depósito.

Una camioneta interceptada con carne, quesos y bebidas

El segundo hecho investigado fue ubicado el 10 de agosto de 2025 y, según la acusación, se habría realizado bajo una modalidad similar. En esa oportunidad, personal policial logró interceptar la camioneta antes de que abandonara el lugar con la mercadería cargada.

En el vehículo encontraron distintos productos que habrían sido retirados del supermercado, entre ellos cortes de carne, quesos, bebidas y otros alimentos. En este caso, el perjuicio económico estimado por la fiscalía supera los 2,5 millones de pesos.

A diferencia del primer episodio, esta maniobra no llegó a concretarse por completo debido a la intervención policial. Por ese motivo, fue encuadrada como un hecho en grado de tentativa.

La clave de la causa: las cámaras apagadas

Uno de los puntos centrales de la investigación está vinculado al presunto apagado de las cámaras de seguridad. Para la fiscalía, esa acción era clave para evitar que quedara registrado el retiro irregular de productos desde el sector de carga y descarga.

Pérez sostuvo que el imputado habría utilizado sus facultades laborales para desactivar la vigilancia y facilitar que la mercadería saliera del supermercado por fuera de los canales comerciales de la empresa.

Además, la investigación habría permitido detectar comunicaciones telefónicas entre los involucrados. Según la acusación, en esos intercambios coordinaban tanto las entregas como los precios de los productos que luego eran retirados.

La evidencia reunida por la fiscalía

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal presentó distintos elementos para sostener la formulación de cargos. Entre ellos, mencionó las denuncias realizadas por responsables del supermercado, registros de cámaras de seguridad, informes policiales y documentación vinculada al secuestro de la mercadería.

También se incorporaron análisis de teléfonos celulares, considerados relevantes para reconstruir la presunta coordinación entre el empleado y la otra persona involucrada en el retiro de los productos.

Con esa base, la fiscalía calificó provisoriamente los hechos como defraudación por administración fraudulenta, en calidad de autor, en concurso real. La acusación comprende un hecho consumado y otro en grado de tentativa.

Cuatro meses para investigar

Tras escuchar la acusación, la jueza de garantías Natalia Pelosso tuvo por formulados los cargos contra el empleado investigado y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

Durante ese período, la fiscalía deberá avanzar con las medidas pendientes para intentar determinar el alcance de las maniobras, el perjuicio económico total y la participación de cada una de las personas involucradas.