La UNRN denunció ante la ONU la caída del 45% en el financiamiento universitario

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) llevó el reclamo de la educación superior a las Naciones Unidas. Su rector, Anselmo Torres, presentó ante la Dra. Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, una denuncia formal que describe un proceso sostenido de regresividad institucional y presupuestaria que, a su juicio, resulta incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los números que sostienen la denuncia son contundentes. Las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. El financiamiento público para las casas de estudio representa hoy apenas el 0,431% del Producto Interno Bruto, frente al 0,718% de 2023. Mientras tanto, el personal docente y no docente acumula una pérdida del 32% de su poder adquisitivo, con ingresos en su nivel real más bajo en 23 años.

"No se trata meramente de una disputa por cifras presupuestarias, sino de la supervivencia de instituciones estratégicas para la ciencia, la tecnología y la democracia sustantiva del pueblo argentino", recalcó el rector.

El recorte tambiéngolpea con especial dureza a los estudiantes más vulnerables. Las Becas Progresar sufrieron una reducción nominal del 82% entre 2025 y 2026, lo que equivale a una caída real de más del 95% respecto a 2023. La inversión en ciencia y técnica universitaria bajó al 40% de lo ejecutado hace dos años, y las partidas de infraestructura y extensión registraron una ejecución equivalente al cero por ciento en términos reales. Esta situación afecta de manera desproporcionada a estudiantes de sectores pobres, mujeres con tareas de cuidado y habitantes de regiones periféricas como la Patagonia.

El conflicto institucional tiene también una dimensión jurídica inédita. El Congreso Nacional sancionó una ley de financiamiento universitario y la ratificó con mayoría agravada frente al veto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei suspendió su aplicación mediante el Decreto N° 759/2025. La justicia federal falló en primera y segunda instancia a favor de las universidades, ordenando la aplicación inmediata de las actualizaciones salariales y de becas; el Ejecutivo respondió elevando el caso a la Corte Suprema.

La presentación ante la ONU solicita que la Relatoría requiera información urgente al Estado argentino y recomiende medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes. Torres señala, además, que el Estado dispone de fuentes alternativas de recaudación, omo impuestos coparticipables o la revisión de gastos tributarios, que permitirían sostener la inversión educativa sin comprometer el equilibrio fiscal.

En este contexto, este martes tendrá lugar una nueva marcha federal universitaria en todo el país. En Bariloche, la convocatoria es a las 17:30 horas en Onelli y Moreno. Será la cuarta movilización nacional desde que comenzaron las políticas de ajuste sobre el sistema universitario público.