La Corte Suprema rechazó el per saltum que presentó el Gobierno por la Reforma Laboral

La Corte Suprema de Justicia rechazó intervenir en el conflicto por la reforma laboral y dejó al Gobierno sin su jugada más audaz. Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal declaró inadmisible el recurso de per saltum que había presentado la Procuración del Tesoro el 17 de abril, descartando así la posibilidad de resolver de manera expedita si la ley aprobada el 28 de febrero es o no constitucional.

El argumento fue técnico: no se cumplen los requisitos del Código Procesal Civil para habilitar ese tipo de recurso. Los jueces precisaron además que el per saltum resultaba "inoficioso", dado que la causa ya había superado la primera instancia y se encontraba tramitando ante las cámaras de apelaciones Laboral y Contencioso Administrativo Federal. No había instancia que saltar.

El recorrido judicial de la norma fue sinuoso. Primero, el juez de primera instancia Horacio Ojeda declaró la inconstitucionalidad de 81 artículos de la llamada ley de modernización laboral, a instancias de la CGT. Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó esa decisión y restableció la vigencia plena de la reforma. Pero el litigio no se detuvo allí: la central obrera impugnó también la constitucionalidad de la ley de cautelares contra el Estado, lo que abrió una disputa de competencia entre los fueros laboral y contencioso administrativo que todavía no fue resuelta.

Con el rechazo de la Corte, el mapa judicial quedó dividido en dos frentes. La Cámara Contencioso Administrativo Federal deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto la validez constitucional de la ley, mientras que la Cámara del Trabajo tiene pendiente resolver las recusaciones de los jueces Víctor Pesino y María Dora González, planteos impulsados por la CGT que han frenado el avance en ese fuero.

Desde la central obrera, sin embargo, cuestionaron la lectura del tribunal. Fuentes cercanas a la conducción sindical sostienen que la Corte tenía margen para intervenir y que la decisión de no hacerlo fue una elección, no una imposibilidad. La ley, mientras tanto, permanece en vigor.