Un penitenciario fue declarado culpable por cobrar coimas para ingresar drogas y alcohol a la cárcel

Un trabajador del Servicio Penitenciario de Río Negro fue hallado culpable de recibir dinero a cambio de facilitar el ingreso de bebidas alcohólicas y estupefacientes al Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca. La sentencia se apoyó principalmente en conversaciones extraídas de un teléfono celular y en movimientos bancarios que expusieron el acuerdo entre el agente y un interno con antecedentes por robos agravados.

El caso salió a la luz luego de una requisa realizada el 12 de agosto de 2022 dentro de la unidad penitenciaria. Durante ese procedimiento, personal de seguridad encontró un teléfono encendido y sin bloqueo dentro de una celda. A partir del análisis del aparato surgieron imágenes tomadas en el interior del penal y distintos mensajes que comprometían al empleado penitenciario.

Durante el juicio se expusieron conversaciones en las que el detenido negociaba el ingreso de “mari, pastillas y alcohol etílico”. En esos intercambios se hablaba de una suma de 10 mil pesos y se hacía referencia a una parte del dinero destinada al penitenciario por concretar la maniobra.

La investigación judicial también detectó movimientos bancarios realizados apenas dos días después de esas conversaciones. El 7 de agosto de 2022 se efectuaron dos transferencias, una de 4.500 pesos y otra de 5.500 pesos, hacia una cuenta asociada a la pareja del imputado. Para la magistrada, la coincidencia entre los montos acordados y el dinero transferido constituyó un elemento central para confirmar el cobro de la coima.

A esto se sumaron informes telefónicos y registros internos del establecimiento que permitieron vincular el número utilizado en las conversaciones con el propio trabajador penitenciario. Además, se acreditó que el acusado cumplía tareas de mantenimiento dentro del penal, función que le permitía circular por distintos pabellones y mantener contacto frecuente con los internos.

El hombre recibia dinero para permitir el ingreso de elementos prohibidos. 

El mensaje que quedó como prueba

Entre las pruebas incorporadas al debate apareció un intercambio que terminó siendo especialmente comprometedor para el agente. En uno de los chats, el interno le reclamó por no haber cumplido con lo pactado y le escribió: “¿me querés dormir la plata?”.

Ese mensaje fue considerado por la jueza como otro indicio relevante para demostrar la existencia del acuerdo económico entre ambas partes.

Si bien durante el proceso no se logró comprobar que las sustancias o el alcohol hayan ingresado efectivamente a la cárcel, la magistrada explicó que el delito de cohecho queda configurado desde el momento en que el funcionario acepta el trato y recibe el dinero, más allá de que la entrega final de los elementos prohibidos se concrete o no.

El interno involucrado

La maniobra fue acordada con Fabio Daniel Bonnefoi, un interno condenado a 12 años de prisión por distintos robos agravados cometidos con armas de fuego. Actualmente continúa alojado en el penal mientras avanzan instancias de revisión vinculadas a esa condena.

Durante el juicio también se analizó el rol que tenía el empleado dentro de la unidad penitenciaria. Según se acreditó, sus tareas le permitían acceder a sectores internos del establecimiento, algo que resultaba compatible con las acusaciones formuladas por la fiscalía.

Los hechos ocurrieron en 2022.

La defensa cuestionó la prueba

La estrategia defensiva intentó invalidar parte de la evidencia obtenida del teléfono celular secuestrado durante la requisa. Los abogados del imputado sostuvieron que el acceso inicial al dispositivo había sido irregular.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por la jueza, quien consideró que el procedimiento respondió a motivos de seguridad dentro del penal y que la objeción fue presentada fuera de tiempo. Además, señaló que posteriormente se realizó una pericia judicial formal sobre el contenido del aparato.

En la resolución también se descartó otra imputación que había sido analizada durante el proceso: la de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Qué falta definir

Con el veredicto de culpabilidad ya establecido, el expediente ingresó ahora en la etapa de cesura, instancia en la que se debatirá cuál será la pena que deberá cumplir el penitenciario.

Las partes cuentan con un plazo de cinco días para presentar nuevas pruebas vinculadas a la determinación de la condena. Luego, la Justicia fijará una audiencia en la que se conocerá la sanción definitiva para el agente penitenciario.