Amenazó de muerte a sus compañeros y lo echaron del Estado en Neuquén

Un caso de extrema tensión dentro del Estado neuquino terminó con una decisión contundente: un empleado público fue despedido tras comprobarse que amenazaba de muerte a sus propios compañeros de trabajo y generaba un clima de miedo en la oficina. La medida, que se oficializó esta semana, se enmarca en la política de control interno que viene impulsando el gobierno provincial.

El hecho se formalizó este miércoles, luego de que concluyera un sumario administrativo iniciado el 9 de abril de 2025. La investigación apuntó contra Carlos Roberto Cides, quien se desempeñaba como personal de planta permanente en el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Las denuncias se centraron en situaciones ocurridas durante varios meses, entre julio de 2024 y abril de 2025, en oficinas vinculadas al área cultural del Estado.

Según la documentación oficial, el trabajador no solo incumplía de manera reiterada con sus tareas, sino que además protagonizaba episodios de violencia laboral tanto con compañeros como con superiores. Los auditores concluyeron que su conducta violó normas básicas de convivencia y disposiciones del régimen laboral vigente en la administración pública.

Se trata de un empleado de la subsecretaria de Deportes.

Un clima de miedo en la oficina

Los testimonios recabados durante el sumario dan cuenta de una situación que se volvió insostenible con el paso del tiempo. De acuerdo a lo que surge del expediente, el ahora exagente lanzó amenazas contra la vida e integridad física de otros trabajadores, además de recurrir a insultos, descalificaciones y expresiones agresivas de manera frecuente.

A esto se sumó una actitud constante de desobediencia frente a las órdenes de sus superiores y la realización de acusaciones sin fundamentos contra otros integrantes del equipo. Todo esto, según se desprende de la investigación, terminó afectando el funcionamiento normal del área.

El impacto no fue menor: varios empleados modificaron sus rutinas laborales por temor a nuevos episodios. El ambiente de trabajo, que debería ser un espacio seguro, quedó atravesado por la tensión y la incertidumbre.

La suspensión y el intento de volver

Mientras avanzaba el sumario, las autoridades resolvieron apartarlo preventivamente de su puesto sin goce de haberes. Esta decisión buscó proteger al resto del personal y evitar que las situaciones se repitieran.

Sin embargo, el trabajador intentó revertir esa medida en la Justicia. Presentó un reclamo para ser reincorporado y recuperar los salarios no percibidos durante la suspensión. El planteo fue rechazado por el Juzgado Procesal Administrativo N.º 1, que entendió que el caso debía resolverse priorizando el interés general y el bienestar de los trabajadores afectados.

Las medidas fueron preventivas para sus compañeros.

Pruebas que no dejaron dudas

Uno de los puntos más fuertes del expediente fue la coincidencia en los relatos de los testigos. Seis personas declararon haber presenciado directamente las situaciones denunciadas, y algunos de ellos fueron víctimas de las amenazas.

La Junta de Disciplina analizó todas las pruebas y concluyó que los hechos no solo estaban acreditados, sino que además presentaban múltiples agravantes: la continuidad en el tiempo, la cantidad de personas afectadas y la gravedad de las expresiones utilizadas.

A esto se sumó un dato clave: el trabajador nunca reconoció sus conductas ni mostró intención de modificarlas, lo que, según los evaluadores, hacía inviable cualquier medida correctiva intermedia.

Un informe que encendió las alarmas

El caso también fue evaluado por un equipo interdisciplinario especializado en violencia laboral. Los profesionales, de áreas como psicología, psiquiatría y trabajo social, calificaron al agente como de “alto riesgo” dentro del ámbito laboral.

El informe remarcó que el trabajador no solo no asumía responsabilidad por sus actos, sino que además justificaba sus reacciones, lo que aumentaba la preocupación sobre su comportamiento futuro.

Casa de gobierno de la provincia de Neuquén.

La decisión final

Con todos estos elementos sobre la mesa, las autoridades resolvieron avanzar con la cesantía definitiva. La medida se fundamentó en la necesidad de resguardar la integridad de los trabajadores y garantizar el funcionamiento normal del organismo.

El caso expone una situación límite dentro del ámbito estatal y marca un precedente en cuanto a la respuesta frente a hechos de violencia laboral. La decisión, según se desprende de la resolución, buscó poner un freno a conductas que habían escalado en gravedad y que ya no podían ser contenidas dentro del ámbito administrativo.

El proceso concluyó con la desvinculación del trabajador, en una resolución que priorizó la seguridad y el bienestar del resto del personal, en un contexto donde la convivencia laboral se había vuelto insostenible.