Imputaron al intendente de Plottier, Luis Bertolini, por un presunto esquema para beneficiar proveedores con contratos millonarios

La investigación judicial contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, dio un paso clave luego de que la fiscalía de Delitos Económicos formulara cargos en su contra por presuntamente haber encabezado un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores del municipio. La causa también alcanza a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez.

Durante una audiencia que se desarrolló a lo largo de dos jornadas, la jueza de garantías Carina Álvarez consideró que existen elementos suficientes en esta etapa inicial para avanzar con la investigación penal preparatoria. Según la acusación, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se habría montado una estructura dentro del municipio para direccionar contrataciones hacia dos proveedores particulares, identificados como P.V. y M.L.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, en ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos, en muchos casos sin competencia real. La fiscalía sostiene que los proveedores beneficiados eran invitados de manera recurrente a participar de distintas convocatorias, incluso en rubros diversos, y terminaban adjudicándose la mayoría de las contrataciones.

La maniobra investigada, según detalló el Ministerio Público Fiscal, comenzaba con pedidos realizados por distintas áreas municipales que luego eran canalizados a través de la subsecretaría de Hacienda. Desde allí, el área de compras avanzaba con invitaciones sistemáticas a los mismos oferentes. Para la fiscalía, esto permitía garantizar adjudicaciones direccionadas mediante mecanismos irregulares.

Municipalidad de Plottier.

Entre las principales anomalías detectadas se mencionaron falta de publicidad en los procesos, contrataciones directas sin justificar urgencias, ausencia de competencia genuina, ofertas únicas, exclusión arbitraria de otros oferentes, adjudicaciones sin fundamentos claros y pagos realizados sin constancias suficientes sobre la recepción de bienes o servicios.

La acusación sostiene que cada uno de los imputados tuvo un rol específico dentro del presunto esquema. En el caso de Bertolini y Ramírez, se les atribuye haber intervenido directamente en decisiones administrativas y en el control del circuito de contrataciones. Por su parte, los proveedores particulares habrían sido piezas clave para canalizar adjudicaciones y movimientos económicos.

Los delitos fueron encuadrados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, bajo la figura de delito continuado. En este marco, Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los proveedores quedaron señalados como partícipes necesarios.

Luis Bertolini, intendente de Plottier.

Una causa declarada compleja

Por la magnitud del expediente, la cantidad de hechos bajo análisis y el volumen de documentación, la fiscalía pidió que el caso sea declarado complejo, planteo que fue aceptado por la jueza.

Esto implica que la investigación tendrá un plazo de seis meses, tiempo en el que se prevé profundizar medidas de prueba como el análisis de dispositivos secuestrados, revisión de expedientes administrativos, entrevistas a empleados municipales y estudios bancarios a cargo de especialistas contables.

Desde el MPF advirtieron además que la causa podría estar vinculada a maniobras de criminalidad económica organizada, lo que eleva la complejidad del proceso.

Ciudad Judicial, Neuquén.

Los intentos de la defensa para frenar la causa

Antes de que la formulación de cargos fuera aceptada, la defensa del intendente intentó apartar al fiscal jefe Pablo Vignaroli, cuestionando la constitucionalidad parcial de un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo por considerarlo fuera de término. Sostuvo que la defensa ya conocía la resolución previa del fiscal general José Gerez, quien había ratificado a Vignaroli, y remarcó que no existía una incompatibilidad manifiesta con la Constitución.

Luego, también fue rechazado un pedido de nulidad sobre allanamientos y pruebas obtenidas, ya que la magistrada entendió que no se había demostrado un perjuicio concreto para los acusados.

Tras desestimar esos planteos, Álvarez fue contundente al habilitar el avance de la investigación: “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”.

Bertolini faltó a la primera audiencia por problemas estomacales.

Riesgo de entorpecimiento y medidas cautelares

La fiscal Rocío Rivero advirtió durante la audiencia sobre un “serio riesgo de entorpecimiento” de la investigación, principalmente por la posibilidad de influencia sobre testigos o afectación de pruebas.

Por ese motivo, solicitó distintas medidas cautelares, entre ellas inhibiciones generales de bienes y embargos sobre los imputados. En el caso de Bertolini, incluso pidió detención domiciliaria.

Debido a nuevos planteos de las defensas, la jueza resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía siguiente para comunicar su decisión final sobre esas medidas.

Mientras tanto, de manera provisoria, se ordenó el embargo de cuentas bancarias de los proveedores P.V. y M.L.

Luis Bertolini en la audiencia de formulación de cargos.

Un proceso con fuerte impacto político

La imputación contra el jefe comunal de Plottier abre un escenario judicial y político de alto voltaje para la ciudad. Aunque la investigación recién comienza y rige el principio de inocencia, el expediente pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos y el sistema de contrataciones del municipio durante los primeros años de gestión.

Con seis meses por delante y una causa que promete sumar pruebas, testimonios y análisis financieros, el caso ya se convirtió en uno de los procesos por presunta corrupción pública más relevantes de la provincia.