Jones Huala comenzó su huelga de hambre desde la cárcel

El lonko Facundo Jones Huala anunció este lunes el inicio de una huelga de hambre líquida desde la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, provincia de Chubut. El dirigente mapuche privado de su libertad desde hace casi un año comienza una nueva medida de fuerza con un largo pliego de reivindicaciones..

Jones Huala fue detenido en junio de 2025 y permanece en prisión preventiva bajo investigación por presuntos delitos de asociación ilícita e incitación a la violencia, en una causa que también analiza su presunta vinculación con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En el comunicado difundido desde la prisión, el dirigente presenta un extenso pliego de demandas que abarca desde cuestiones inmediatas, como su traslado a la Unidad 14 de Esquel para estar cerca de su familia y su comunidad, hasta reclamos estructurales de largo alcance. Entre ellos, exige la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que establece medidas alternativas al encarcelamiento para pueblos indígenas, y la aplicación de los artículos 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional, que reconocen los derechos de las comunidades originarias.

Jones Huala también reclama el cese de lo que denomina persecución política contra luchadores mapuche, la eliminación de todas las lof y organizaciones mapuche de las listas de organizaciones terroristas, y la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para alcanzar una solución política al conflicto. El comunicado concluye con una demanda territorial: la devolución del Wallmapu y el retiro de mineras, petroleras, transnacionales y terratenientes de los territorios en disputa.

"Solución política, no judicial ni represiva al conflicto histórico", reza uno de los puntos centrales del documento, que resume la posición del lonko y de sectores del movimiento mapuche que consideran las causas judiciales en su contra como un instrumento de criminalización de la protesta indígena. Hasta el momento no hubo respuesta oficial por parte del Servicio Penitenciario Federal ni del Poder Ejecutivo. (ANB)