El Intendente vetó la ordenanza que reducía los límites de velocidad en calles y avenidas

El intendente Walter Cortés firmó la Resolución N° 1395-I-2026 mediante la cual vetó en su totalidad la Ordenanza N° 3574-CM-26, sancionada recientemente por el Concejo Municipal, que establecía nuevos límites de velocidad máxima de circulación vehicular en calles y avenidas de la ciudad. La norma rechazada buscaba modificar la Ordenanza N° 569-CM-96, vigente desde hace treinta años.

El Ejecutivo sostiene que la ordenanza carece de respaldo técnico suficiente, ya que los antecedentes del proyecto se basan en estadísticas y experiencias de otras ciudades del país y del exterior, pero no incluyen estudios específicos sobre el ejido urbano de Bariloche. Según la resolución, no existe ningún informe elaborado por ingenieros en tránsito o peritos accidentológicos que haya analizado las condiciones reales de circulación en la ciudad.

El documento también cuestiona que la normativa establezca parámetros uniformes para todo el municipio, sin contemplar las particularidades locales: la topografía accidentada, las pendientes pronunciadas, las condiciones climáticas extremas como hielo y nieve, y la convivencia de tránsito de residentes y turistas. Para el intendente, aplicar límites genéricos a una ciudad con esas características podría derivar en situaciones irrazonables o incluso peligrosas.

A eso se suma un conflicto normativo: la ordenanza modifica el régimen de velocidades establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la que la provincia de Río Negro adhirió mediante la ley provincial 2942. El Ejecutivo considera que fijar parámetros distintos a los nacionales y provinciales sin el debido sustento técnico contradice esa normativa superior.

Por último, la resolución señala que la ordenanza exige al municipio adecuar la señalización vial y llevar adelante acciones de difusión en plazos cortos, sin contemplar una planificación progresiva ni los recursos necesarios para hacerlo. El expediente vuelve ahora al Concejo Municipal, que tiene la facultad de insistir con la norma o archivarla.