Allanamiento polémico en Centenario: la Policía explicó el operativo y lo vinculó a una causa por narcotráfico

La fuerte repercusión que generó el testimonio de una docente de Centenario, quien denunció que su casa fue allanada por error, sumó en las últimas horas la respuesta oficial de la Policía del Neuquén. Desde la fuerza explicaron que el procedimiento no fue aleatorio, sino que se enmarcó en una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes y armas de fuego.

El operativo cuestionado se realizó el sábado por la tarde, en el marco de una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad. Según detalló el comisario de investigaciones Dante Catalán, la vivienda había sido previamente señalada dentro de una pesquisa desarrollada por la División Delitos Conexos en conjunto con la Fiscalía de Actuación Genérica.

El jefe policial indicó que ahora será la Justicia la que deberá determinar si hubo un error en el procedimiento, a partir de la denuncia que realice la mujer afectada. En ese contexto, confirmó que durante el allanamiento se secuestró un DVR con registros de cámaras de seguridad, material que será analizado como parte de la causa.

Respecto a los motivos que derivaron en la orden judicial, Catalán sostuvo que existían sospechas sobre la posible presencia de un hombre vinculado a actividades ilegales en ese domicilio. Sin embargo, al momento del ingreso policial, esa persona no se encontraba en el lugar, mientras que la docente aseguró que vive sola junto a su mascota.

Denuncias anónimas y tareas investigativas

De acuerdo a lo informado por la Policía, la investigación se inició a partir de reportes anónimos realizados mediante herramientas digitales como códigos QR y la plataforma Neuquén Te Cuida. Estas alertas fueron canalizadas por el Ministerio Público Fiscal, que dispuso una serie de tareas de campo para verificar la información.

En ese proceso, los investigadores reunieron indicios que sugerían que el domicilio podía estar vinculado a maniobras compatibles con el narcomenudeo, como intercambios sospechosos en la vía pública. También se estableció que un individuo relacionado con la venta de drogas y armas podría frecuentar la vivienda.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de diligencias no se ordenan sin sustento previo y que cada allanamiento responde a una línea investigativa concreta. No obstante, señalaron que será la instancia judicial la que determine si hubo una equivocación en este caso puntual.

En relación a los cuestionamientos por la violencia del procedimiento, el comisario explicó que este tipo de intervenciones suelen realizarse de forma sorpresiva, especialmente cuando se presume la existencia de armas o sustancias ilegales, o en contextos de conflictos entre grupos delictivos.

La docente denuncio destrozos en su casa.

Un megaoperativo por disputa territorial

El allanamiento en la vivienda de la docente formó parte de un despliegue mayor que incluyó 18 procedimientos simultáneos en Centenario. El operativo contó con la participación del fiscal general José Ignacio Gerez, junto a los fiscales jefes Agustín García y Mauricio Zabala, además de la coordinadora Mariana Querejeta.

Según se informó, diez de los allanamientos estuvieron vinculados a investigaciones por narcotráfico, mientras que los restantes respondieron a causas de actuación genérica. Todos se realizaron de manera coordinada desde las 17:55.

Las medidas se originaron a partir de una serie de hechos violentos registrados en la zona, entre ellos el incendio de una vivienda y ataques contra efectivos policiales y bomberos por parte de un grupo de personas.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que estos episodios no serían aislados, sino parte de un conflicto sostenido por el control territorial ligado a la venta de drogas y armas.

En base a la evidencia recolectada, los investigadores sostienen que existe una estructura organizada detrás de estos hechos, con participación reiterada en situaciones violentas, incluyendo disparos contra viviendas. También se identificaron domicilios que funcionarían como puntos de reunión, residencia y almacenamiento de elementos vinculados a actividades ilegales.

Secuestros, detenidos y elementos clave

El operativo implicó un importante despliegue de recursos policiales, con la intervención de distintas divisiones, entre ellas Antinarcóticos, la Metropolitana, grupos especiales GEOP de Cutral Co y Zapala, y brigadas rurales.

Como resultado, se incautaron cerca de 500 gramos de cannabis sativa presuntamente destinados a la venta, además de 159 gramos de cocaína. También se secuestraron armas de fabricación casera, un revólver calibre 48 con municiones, un inhibidor de señal, más de 2,5 millones de pesos en efectivo y varios teléfonos celulares.

En total, cinco personas fueron demoradas durante los procedimientos. Dos de ellas recuperaron la libertad bajo ciertas condiciones, mientras que las otras tres permanecen detenidas y serán imputadas por infracción a la ley de estupefacientes.

El relato de la docente y el pedido de Justicia

En paralelo, la docente Teresa Baigorria, profesora de inglés y conocida en la comunidad, sostuvo que el operativo en su casa fue un error y describió la situación como un episodio traumático. Según relató, el ingreso de los efectivos fue violento y ocurrió mientras dormía.

La mujer, de 44 años, explicó que vive sola, que padece artritis reumatoidea y que cuenta con certificado de discapacidad. De acuerdo a su versión, los policías irrumpieron rompiendo una reja y parte de la puerta, lo que la despertó abruptamente en medio de gritos y con los efectivos ya dentro de la vivienda.

Indicó que, tras el ingreso, permaneció con su perro mientras intentaba comprender lo que sucedía. También afirmó que los agentes le sugirieron dirigirse a la Fiscalía para gestionar la reparación de los daños ocasionados.

Baigorria cuestionó además que se hayan llevado el sistema de grabación de cámaras y aseguró que al intentar radicar la denuncia en la comisaría no recibió información sobre el operativo.

La docente expresó su indignación por lo ocurrido y reclamó que se investigue el procedimiento. Según contó, en medio del allanamiento los propios efectivos habrían advertido que no había elementos vinculados a la causa, lo que reforzó su convicción de que se trató de un error.

El caso ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar tanto la legalidad del procedimiento como las responsabilidades derivadas del mismo.