Piden 11 años de prisión para un acusado de abuso sexual y corrupción de menores

La Fiscalía solicitó 11 años de prisión para un hombre que ya fue declarado culpable por haber abusado sexualmente de una menor que se encontraba viviendo en su casa en el marco del programa Familias Solidarias. 

Este miércoles se realizó la audiencia de cesura en la que las partes solicitaron la pena correspondiente, y además, declararon cuatro testigos antes de los alegatos. El abogado defensor solicitó la pena mínima, de 10 años, mientras que la Fiscalía y el defensor de Menores, pidieron 11 años de prisión. 

la Fiscalía sostuvo que el único atenuante a considerar es la falta de antecedentes penales de la persona imputada. En contraste, enumeró diversos elementos agravantes vinculados al contexto en el que se produjeron los hechos. Entre ellos destacó la situación de máxima vulnerabilidad de la víctima, quien desde muy pequeña se encontraba bajo cuidado de instituciones de protección del Estado y no contaba con familiares directos. En ese marco, el acusado integraba un dispositivo de familia solidaria, situación que —según expuso la acusación— implicaba un vínculo de confianza tanto con el Estado como con la propia víctima.

"Este hombre abusó de esa relación de confianza y de la posición de guarda, y luego buscó ocultar lo sucedido y garantizar su impunidad", enfatizó la acusación, mencionando que habría entregado dinero a la adolescente con el objetivo de que no relatara los hechos.

Además, recordó que durante el juicio declararon profesionales de la psicología que destacaron que los hechos produjeron un impacto afectivo y psicológico grave en la joven, reflejado en dificultades para expresarse y establecer vínculos con sus pares. Para la acusación, la extensión del daño causado constituye un elemento central al momento de determinar la sanción, por lo que solicitó la imposición de 11 años de prisión.

Por su parte, el defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes acompañó el pedido de la Fiscalía y enumeró cuatro circunstancias agravantes. Señaló, en primer término, la particular situación de indefensión de la víctima, y explicó que los abusos se producían en el domicilio del acusado cuando ambos se encontraban a solas. Indicó además que la persona declarada responsable insistía en que la adolescente permaneciera en la vivienda aun cuando su pareja manifestaba una posición contraria.

Mencionó además el aprovechamiento de la relación de confianza y el uso de dinero como mecanismo orientado a procurar el silencio de la adolescente víctima. En cuanto a la extensión del daño causado, especialmente considerando que se trataba de una adolescente institucionalizada desde pequeña que había logrado construir vínculos y un entorno en la localidad donde residía, puntualizó en que tuvo que abandonar incluso ese lugar para alejarse de la situación vivida.

A su turno, el abogado particular del hombre solicitó la aplicación del mínimo de la escala penal prevista, argumentando que el hombre siempre respondió a las convocatorias del Poder Judicial. Sostuvo también que la finalidad de la pena debe orientarse a la resocialización, planteando que ese objetivo no se cumple en los establecimientos carcelarios.

El tribunal interviniente indicó que la resolución final se comunicará durante la semana próxima.