Crisis
Bariloche ante el cuello de botella habitacional: cuando la ciudad crece más rápido que sus soluciones
San Carlos de Bariloche atraviesa una de las tensiones estructurales más profundas de las últimas décadas: el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema crítico para amplios sectores de la población. El valor de los inmuebles, tanto para la compra como para el alquiler, se ubica muy por encima de la capacidad real de ingresos de trabajadores, familias jóvenes y sectores medios, generando un escenario de exclusión habitacional cada vez más marcado.
A esta presión del mercado inmobiliario se suma un cuadro urbanístico complejo. La ciudad presenta déficits evidentes en infraestructura básica: redes de agua con capacidad saturada, dificultades en la provisión de electricidad y gas, y un sistema de transporte público que no logra acompañar ni el crecimiento territorial ni la demanda cotidiana de movilidad. El resultado es una ciudad fragmentada, con barrios desconectados y servicios públicos exigidos al límite.
En este contexto, la paralización de grandes desarrollos urbanísticos estratégicos agrava la situación. Existen actualmente proyectos de escala relevante que podrían aportar soluciones concretas al déficit habitacional y al ordenamiento territorial, pero que se encuentran detenidos por conflictos judiciales prolongados. Uno de los casos más representativos es el proyecto Las Morenas, desarrollado por la empresa Di Tullio Emprendimientos, un emprendimiento de gran envergadura que permanece frenado mientras su desarrollador tramita la escrituración de las tierras en el marco de un juicio que ya lleva varios años.
El problema excede lo estrictamente jurídico y se transforma en un cuello de botella sistémico. Los tiempos que la ciudad necesita para generar suelo urbano, planificar su expansión y dar respuestas concretas a la demanda habitacional no son compatibles con los tiempos de la Justicia. En los hechos, este proceso judicial se ha convertido en un factor que interrumpe el crecimiento de Bariloche, corta la trama transurbana a la mitad y posterga soluciones estructurales largamente esperadas.
En este punto, distintos actores del sector plantean que este tipo de procesos no debería ser analizado únicamente como un expediente más dentro del sistema judicial, sino como un caso con fuertes implicancias sociales, urbanísticas y económicas. La demora en su resolución impacta directamente en el acceso a la vivienda, en la planificación de la ciudad y en la calidad de vida de miles de vecinos, por lo que se vuelve necesario que la Justicia contemple mecanismos de tratamiento y resolución más ágiles acordes a la magnitud del impacto social involucrado.
La preocupación es transversal y alcanza a distintos sectores sociales. Especial inquietud genera la demora en el acceso a más de 600 lotes sociales que estaban previstos dentro de este proyecto, en una ciudad que reconoce desde hace años una situación de emergencia habitacional. Cada año sin definiciones implica mayor presión sobre el mercado informal, más hacinamiento y un aumento de la desigualdad territorial.
Bariloche necesita decisiones alineadas, coordinación efectiva entre el sector público y privado y una mirada integral que permita destrabar proyectos estratégicos sin desconocer el marco legal, pero entendiendo que el desarrollo urbano no puede quedar rehén de procesos judiciales extensos cuando están en juego derechos básicos. La vivienda no es solo un activo inmobiliario: es infraestructura social, planificación y desarrollo. Cuando ese desarrollo se detiene, el costo lo absorbe toda la ciudad.