Denuncian que la Justicia Federal impide a Facundo Jones Huala usar dinero para su sustento en prisión  

A través de un extenso comunicado, la Gremial de Abogados y Abogadas denunció una nueva situación que involucra a Facundo Jones Huala, actualmente detenido, y apuntó contra operadores del fuero federal por negarle el acceso a una suma de dinero que, según indicaron, resulta indispensable para su subsistencia en contexto de encierro.

Según detallaron, al momento de su detención Jones Huala portaba 280 mil pesos, monto que —de acuerdo a la Gremial— sería producto de su trabajo y que pretendía destinar a gastos mínimos de alimentación e higiene dentro del establecimiento penitenciario. Desde la organización señalaron que se trata de una suma “exigua”, especialmente si se la compara con otros gastos habituales del sistema judicial.

La Gremial sostuvo que jueces y fiscales habrían rechazado el pedido bajo el argumento de que “es dable presumir que eventualmente ese dinero podría ser utilizado para el financiamiento de un grupo criminal”, una fundamentación que fue duramente cuestionada por la defensa, que la calificó como arbitraria y carente de sustento.

En el comunicado, la organización también hizo referencia a las condiciones de detención y a las dificultades adicionales que enfrentan las personas privadas de la libertad cuando son alojadas a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia, lo que limita las visitas y el acompañamiento familiar.

Asimismo, la Gremial enmarcó el caso en lo que considera una práctica sistemática del Poder Judicial contra luchadores sociales y, en particular, contra integrantes de pueblos originarios, y sostuvo que no se trata de un hecho aislado. En ese sentido, cuestionaron la falta de reacción de sectores que habitualmente se pronuncian contra reformas penales impulsadas por el Gobierno nacional, pero —según señalaron— guardan silencio frente a situaciones concretas de judicialización.

También vincularon el caso con decisiones recientes del Ejecutivo nacional en materia de seguridad e inteligencia, al señalar que la detención de Jones Huala se habría producido sin orden judicial, en línea con prácticas que denunciaron como violatorias de derechos y garantías.

Finalmente, desde la Gremial de Abogados y Abogadas adelantaron que impugnarán la resolución y que expondrán su postura en la audiencia de apelación, donde, afirmaron, volverán a cuestionar de manera directa el accionar judicial.

Además, ratificaron que continuarán informando públicamente sobre el desarrollo del caso, en línea con su política de defensas no reservadas. (ANB)