Presentaron un amparo contra el DNU que reforma la SIDE

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, de Provincias Unidas, interpusieron una acción de amparo ante la Justicia Federal solicitando que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941 que reformuló la estructura de la SIDE y amplió sus facultades.

La presentación judicial apunta contra una norma que consideran vulnera los límites constitucionales para el dictado de este tipo de decretos. El Poder Ejecutivo firmó el decreto el 31 de diciembre de 2025, apenas 24 horas después de que finalizara el período de sesiones extraordinarias del Congreso, y lo publicó en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero de 2026.

Los legisladores sostienen que no existía ningún impedimento para que el Congreso tratara estas reformas de manera ordinaria, dado que ambas Cámaras se encontraban en funciones hasta el día previo a la firma del decreto. "La médula del cuestionamiento al DNU 941/2025 es la oportunidad para su dictado, toda vez que ambas Cámaras del Congreso Nacional estaban sesionando cuando se proyectó la norma en cuestión", señala el texto del amparo.

Para los diputados, el DNU no responde a una situación de emergencia sino a una decisión de política gubernamental que debió haber sido debatida por los representantes del pueblo. Además, argumentan que la norma viola la materia penal, un ámbito expresamente prohibido para los Decretos de Necesidad y Urgencia bajo pena de nulidad absoluta.

El objetivo de la acción judicial es suspender la vigencia del DNU 941 para evitar que los organismos de inteligencia comiencen a operar bajo el nuevo esquema mientras se sustancia el juicio de fondo. Los diputados alertaron sobre el "peligro en la demora" y sostuvieron que permitir la operatividad de un sistema de inteligencia con facultades de aprehensión y sin controles externos adecuados podría causar daños irreparables a las libertades individuales y al sistema republicano de gobierno.

El caso quedó radicado en el fuero Contencioso Administrativo Federal, con reserva de acudir a la Corte Suprema mediante el recurso extraordinario federal si fuera necesario. (ANB)