La Justicia federal declaró la nulidad del “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

La Justicia federal declaró este lunes (29/12) la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes”, la metodología de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones que había sido diseñada e implementada en 2023 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, entiende que la resolución administrativa que sustentaba el protocolo excede las competencias del Poder Ejecutivo y vulnera derechos constitucionales como la protesta, la libertad de expresión y de reunión. 
 
El llamado “protocolo antipiquetes” había sido introducido mediante la Resolución 943/23 con el objetivo de establecer un marco operativo para que las fuerzas federales intervinieran de manera inmediata ante cortes de calles o rutas. Bajo esa lógica, cualquier interrupción del tránsito podía ser considerada un delito en flagrancia, habilitando a las fuerzas a dispersar o desactivar protestas sin la orden judicial tradicional. 

Al hacer lugar a una acción de amparo colectiva presentada por organizaciones de derechos humanos y civiles —entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)— el magistrado Cormick sostuvo que la administración pública no puede mediante una resolución administrativa regular o restringir derechos constitucionales fundamentales sin una ley previa sancionada por el Congreso. 

Según el fallo, ese tipo de instrumentos no puede ser utilizado para sustituir al legislador en materia penal y procesal, ni para modificar estándares legales que condicionan la actuación de las fuerzas de seguridad. En la fundamentación, el juez subrayó que la protesta social no puede equipararse automáticamente a un delito penal que justifique de por sí la intervención de las fuerzas sin control judicial. 
Río Negro Diario

El impacto de la medida había sido objeto de fuerte debate en 2024 y 2025, con denuncias de organizaciones sociales y gremiales que advirtieron sobre lesiones y vulneraciones a derechos en movilizaciones en distintas ciudades. El CELS y otros organismos también señalaron que ciertas tareas de “inteligencia” previstas en el protocolo, como la identificación y registro de participantes, podían violar la Ley de Inteligencia Nacional. 

Tras conocer la sentencia, el Gobierno nacional anticipó que apelará la decisión ante instancias judiciales superiores. La ministra de Seguridad actual, Alejandra Monteoliva, publicó en redes que sin el protocolo “no hay orden, hay caos” y ratificó el compromiso de su gestión en defenderlo por considerar que “devolvió orden y tranquilidad a los argentinos”. 
 
El fallo no solo deja sin efecto el protocolo en todo el país, sino que, según la sentencia, habilita a quienes hayan sufrido consecuencias por su aplicación a presentar acciones individuales ante la Justicia penal. En ese sentido, la decisión judicial reconfigura la relación de las autoridades con la regulación de protestas y pone en foco el respeto a derechos fundamentales frente a las herramientas de mantenimiento del orden público.  (ANB)