2025-12-23

Decisión

El Gobierno Nacional apelará el fallo que cuestiona el protocolo antipiquetes

Tras la resolución judicial que puso límites a la aplicación del protocolo antipiquetes, el Ministerio de Seguridad anunció que apelará la medida y ratificó su decisión de sostener la política impulsada por Patricia Bullrich. Desde la cartera afirmaron que “sin protocolo vuelve el caos” y defendieron la herramienta como legítima y necesaria.

El Gobierno Nacional confirmó que apelará el fallo judicial que cuestiona la aplicación del Protocolo Antipiquetes, una de las principales políticas de seguridad impulsadas por la ministra Patricia Bullrich.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad sostuvo que la medida judicial “intenta avanzar” sobre una herramienta que, aseguran, ya fue validada en reiteradas oportunidades por la Justicia.

“Sin protocolo antipiquetes no hay orden”, señala el texto difundido por la cartera, que ratifica la decisión política de no retroceder en su implementación. “Nuestra decisión es clara, no vamos a dar un paso atrás”, remarcaron, al tiempo que defendieron el protocolo por sus fundamentos técnicos, jurídicos y operativos.

Desde el Ministerio sostuvieron que el Protocolo permitió garantizar la libre circulación y devolver previsibilidad y “paz social”, al ordenar las manifestaciones en la vía pública. En ese sentido, insistieron en que la normativa no prohíbe el derecho a manifestarse, sino que busca compatibilizarlo con otros derechos, como el de circular y ejercer actividades comerciales.

El comunicado también plantea que la ausencia del Protocolo implicaría un regreso al “caos y el desorden”, mientras que su vigencia permitiría reglas claras para todos los sectores. Con este posicionamiento, el Gobierno profundiza el conflicto judicial y político en torno a una de las medidas más cuestionadas por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

La apelación anunciada abre un nuevo capítulo en la disputa por el alcance del derecho a la protesta y el rol del Estado en el control del espacio público, en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial. (ANB)

Te puede interesar