El Concejo ratificó la mitad de los artículos vetados de la ordenanza de aplicaciones de transporte

La última sesión del año en el Concejo Municipal tuvo como protagonista el tratamiento del veto parcial a la ordenanza 3547, que busca regular el funcionamiento de plataformas de transporte privado como Uber y Cabify en la ciudad. De los 16 artículos vetados en la resolución del ejecutivo municipal, el cuerpo legislativo logró ratificar exactamente la mitad, en una votación que se definió artículo por artículo.

El recinto estuvo colmado de vecinos, choferes de aplicaciones, taxistas y trabajadores municipales que llevaron su reclamo por el bono de fin de año, generando interrupciones durante la sesión. La votación se puso en duda cuando manifestantes del sindicato de trabajadores y obreros municipales (SOYEM) ingresaron con bombos y banderas intentando reabrir la discusión exclamando ser escuchados por el ejecutivo, aunque finalmente la sesión mantuvo su rumbo.

La concejal Roxana Ferreyra, de Bariloche Nos Une y autora del proyecto, pidió a sus pares ratificar la ordenanza y emitió fuertes críticas contra el ejecutivo, denunciando falta de voluntad para resolver el conflicto que afecta a los choferes. Por su parte, Natalia Almonacid, de Juntos Somos Río Negro, cuestionó la legalidad de la resolución municipal que actualmente regula la actividad, sosteniendo que no puede existir tributo sin ordenanza previa.

A pesar de haber votado en contra de la ordenanza, Facundo Villalba, edil de Primero Río Negro, manifestó su apoyo a la ratificación los artículos ante el veto. "El oficialismo no dio una sola solución ni propuso nada. Encontraron una manera de enfrentar a vecinos con vecinos sin dar ninguna solución. La autora hizo un trabajo de diálogo con todas las partes y lo único que propone la gestión es sacar los requisitos mínimos para trabajar con el auto para poder cobrar una tasa. Yo no estuve de acuerdo con el proyecto y voté en contra, pero el debate se da acá. Yo estoy del lado de la institucionalidad", afirmó.

Desde Incluyendo Bariloche, Julieta Wallace advirtió sobre la incertidumbre jurídica que puede perjudicar a los trabajadores de aplicaciones al no incorporarse la actividad correctamente en la fiscalización tarifaria. Su compañero de bloque, Leandro Costa Brutten, fue contundente al calificar el veto como una "barbaridad jurídica".

Otra de las voces de la oposición que defendió la ordenanza fue la de Juan Pablo Ferrari, de Juntos Somos Río Negro quien denunció la presencia de lobistas empresariales que operan en la sombra y criticó que el veto busque volver a enfrentar vecinos contra vecinos. "Lo único que se hace con el veto es acrecentar el conflicto; mientras tanto, Uber sigue recaudando. El único que se arriesga es el vecino que desesperadamente, de manera irregular, se arriesga a ser multado por salir a trabajar", señaló.

Ninguno de los tres ediles del bloque oficialista hizo uso de la palabra en defensa de la resolución del intendente. Tampoco se expidió la concejal Samantha Echenique, que acompañó el veto de la mitad de los artículos.

La votación resultó en la ratificación de los artículos 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 25. Sin embargo, los artículos del 15 al 21 y el 26 fueron rechazados gracias a los votos de los tres concejales del oficialismo —Tomás Hercigonja, María Coronado y Gerardo Del Río— más el apoyo crucial de Samantha Echenique, del bloque Juntos por el Cambio.

Cabe recordar que, en su resolución de veto, el intendente Walter Cortés argumentó que los requisitos para la prestación del servicio ya están regulados por la Resolución 00002610-I-2025 del ejecutivo municipal, y que incorporarlos nuevamente en una ordenanza generaría superposición normativa. También cuestionó la creación del Registro de Vehículos Cooperativos (Revecoop) sin definir su integración, dependencia jerárquica ni previsión presupuestaria.

Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 16, que finalmente fue vetado; establecía un cupo máximo de 280 inscriptos en el Revecoop. Cortés sostuvo que este límite no encuentra sustento en estudios de demanda del servicio y constituye una restricción injustificada al acceso a la actividad. Además, objetó las facultades otorgadas a la comisión veedora y advirtió que algunas sanciones previstas en los artículos 25 y 26 se aproximan a una confiscación de bienes, prohibida por la Constitución Nacional.

Con este resultado, la ordenanza queda parcialmente en pie, pero sin los mecanismos de control y el cupo de operadores que pretendía la norma original. El conflicto entre taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones continúa sin una resolución definitiva, mientras la actividad sigue regulándose mediante resoluciones del ejecutivo municipal. (ANB)