"Siempre confío en la Justicia", dijo Gennuso en el cierre del juicio en su contra

Para el fiscal se encuentra acreditado que Gennuso tomó conocimiento y asumió las obligaciones emergentes de los convenios suscriptos con el Estado nacional en el marco del programa “Techo Digno”, destinados a la construcción de 871 viviendas en esa ciudad.

Según la acusación, el entonces intendente dispuso de manera arbitraria de $105 millones de esos fondos, que tenían asignación específica y exclusiva para la construcción de viviendas, apartándolos de la cuenta declarada a Nación y transfiriendo los mismos a otra entidad bancaria, donde constituyó plazos fijos. Lozada indicó que tales maniobras se realizaron sin la autorización ni la restitución exigida por las normas contables, contraviniendo las obligaciones asumidas en los convenios y los reglamentos nacionales aplicables.

El fiscal jefe destacó que Gennuso conocía el estado contable y financiero del municipio al momento de asumir, y que estaba en conocimiento de las irregularidades detectadas en la gestión anterior, vinculadas al uso de fondos con destino específico. Asimismo, remarcó que durante su propia gestión promovió la declaración de emergencia económica municipal, lo que demuestra que era consciente de la situación financiera y del marco normativo vigente.

Agregó además que "la Fiscalía acreditó que el imputado autorizó personalmente los débitos mediante los cuales se retiraron los fondos del programa Techo Digno de la cuenta oficial, que era la única informada al Estado nacional y la única habilitada para su administración y rendición. Sostuvo que esas operaciones impidieron el adecuado control y seguimiento contable de los recursos y que, en definitiva, los fondos fueron utilizados para fines distintos a los convenidos, entre ellos el pago de salarios y transferencias a otros programas municipales".

Afirmó el funcionario que "tales actos configuran el delito de peculado, en tanto implican la sustracción de fondos públicos de su ámbito de custodia administrativa, y recordó que la consumación del delito se verifica en el momento mismo en que los recursos son apartados del sitio en el que debían ser custodiados, con independencia del destino posterior que se les haya dado".

En relación con la autoría penal, consideró acreditado que el ex intendente tuvo el dominio final de los hechos, ya que desde su rol detentaba las facultades de disposición, control y custodia del patrimonio municipal conforme a lo dispuesto en la Carta Orgánica local. Añadió que los funcionarios de Hacienda y Tesorería actuaron como ejecutores de las decisiones del jefe comunal, quien al momento de declarar en el día anterior, reconoció expresamente haber decidido priorizar el pago de sueldos con esos fondos.

Por su parte, los abogados Manuel Massa y Luciano Perdriel, defensores de Gennuso, solicitaron la absolución del ex intendente, sosteniendo que no existió sustracción de fondos públicos, ya que el acusado nunca apartó los recursos de la esfera patrimonial del municipio ni quebrantó las normas que regulan su administración.

Asimismo, consideró que la causa tiene un trasfondo político, ya que los hechos investigados datan de comienzos de 2016 y la causa penal se inició pocos días después de que Gennuso concluyó su segundo mandato en diciembre de 2023. Finalmente, pidió al Tribunal que, al momento de dictar sentencia, lo haga conforme a derecho, despojado y que en consecuencia disponga la absolución de su defendido por los cargos que le fueron atribuidos.

Al finalizar la audiencia, Gennuso volvió a hablar y remarcó que "confío que las instituciones del Estado son las que nos dan la continuidad democrática y el bienestar para el pueblo. Siempre confío en la justicia y si bien considero que éste es un acto injusto; confío en la justicia y que la resolución será de acuerdo a lo que tenga que ser.”

El tribunal interviniente informó que en principio, la sentencia resultante de este juicio se dará a conocer el día miércoles de la semana entrante.