El Superior Tribunal aprobó el plan para actualizar el ordenamiento de bosques nativos de Río Negro

El Superior Tribunal de Justicia aprobó el plan de trabajo presentado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo para actualizar el ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. El proceso judicial comenzó cuando dos organizaciones no gubernamentales de Bariloche interpusieron una acción de mandamus exigiendo el cumplimiento del marco normativo a la provincia.

En junio de este año, el máximo tribunal provincial ya había hecho lugar al reclamo y ordenado al Gobierno la elaboración de un plan integral, con cronograma de actividades, plazos específicos y designación clara de responsables. En aquella oportunidad, los magistrados enfatizaron que la legislación vigente obliga a las provincias a revisar periódicamente su ordenamiento territorial, en intervalos no superiores a cinco años.

En respuesta a ese mandato judicial, la Subsecretaría de Recursos Forestales diseñó un cronograma pormenorizado que fue acompañado formalmente por la Fiscalía de Estado y elevado al Tribunal a fines de septiembre. El documento describe las actividades programadas para cada fase del proceso, estima los tiempos de ejecución y especifica los productos que se esperan obtener en cada etapa. Además, incluye los fundamentos técnicos, legales y operativos que justifican la planificación propuesta.

El plan integral comprende un plazo de ejecución desde noviembre hasta marzo de 2027, que se ajustaría el mapa “con la articulación de criterios técnicos” y aportes recibidos para llegar a un esquema culminado. La  redacción del documento, marco normativo y trabajo legislativo sería parte de la etapa final, para terminar en el proyecto de ley, que esperan alumbrar en julio de 2027.

Según se explicó en la presentación, los plazos fueron estructurados en hitos de trabajo y su diseño responde a la complejidad del procedimiento, que exige espacios de participación ciudadana, instancias de consulta pública y coordinación entre múltiples organismos del Estado. Los responsables del plan también remarcaron que la experiencia de otras provincias argentinas demuestra que estos procesos de actualización requieren un enfoque gradual, interdisciplinario y basado en la búsqueda de consensos amplios.

El Gobierno omitió por más de una década la actualización de la Ley 26.331, que establece que las provincias deben realizar el reordenamiento de la población de especies nativas cada cinco años.

Tras analizar la documentación remitida, el Superior Tribunal de Justicia concluyó que el plan de trabajo satisface los requisitos fijados en la sentencia que ordenó la revisión del ordenamiento territorial. Con esta resolución, el proceso entra oficialmente en su fase de ejecución, bajo supervisión judicial. (ANB)