Milei presentó el nuevo proyecto para modificar el Código Penal

El presidente Javier Milei presentó en el penal de Ezeiza, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el proyecto de reforma del Código Penal que enviará al Congreso. La iniciativa propone un endurecimiento generalizado de las penas, la supresión de beneficios para condenados y la implementación obligatoria del sistema acusatorio para agilizar los procesos judiciales.

El anuncio se produce en un momento políticamente delicado para el oficialismo, tras las revelaciones sobre Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quien admitió haber recibido 200 mil dólares del narcotraficante Fred Machado.

La reforma se enmarca bajo una filosofía de "tolerancia cero" frente al delito y plantea aumentos sustanciales en los mínimos y máximos de prisión para una amplia gama de delitos. El homicidio simple, por ejemplo, pasaría de una condena de 8-25 años a 10-30 años de prisión. Las lesiones leves, que actualmente contemplan penas de 1 mes a 1 año, se elevarían a 1-3 años.

El proyecto también introduce cambios drásticos en delitos contra la propiedad. El hurto vería su pena mínima aumentar de 1 mes a 1 año, mientras que el robo simple con fuerza saltaría de 1 mes-6 años a 3-8 años. Se incorporan además figuras específicas para robos en la vía pública y los cometidos por "motochorros", un término que se incluiría formalmente en el código penal.

En materia de delitos sexuales contra menores, las penas se endurecen considerablemente. La pornografía infantil pasaría de 3-6 años a 3-9 años, mientras que la posesión para distribución aumentaría de 6 meses-2 años a 3-12 años de prisión.

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El gobierno fundamenta esta medida argumentando que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la legislación actual favorece su captación por parte de organizaciones criminales.

La reforma contempla también nuevas tipificaciones, como las agresiones en manifestaciones, que recibirían penas de 2 a 5 años, elevándose a 3-9 años si el ataque es contra un funcionario o miembro de las fuerzas de seguridad. La usurpación, actualmente penada con 6 meses-3 años, pasaría a 3-10 años y multa, alcanzando los 12 años en su forma agravada.

Otros delitos que verían aumentadas sus penas incluyen la trata de personas, cuyo máximo subiría de 8 a 10 años en su forma simple y de 5-10 a 6-15 años en su modalidad agravada; las amenazas, que podrían llegar a 10 años si buscan forzar conductas; y la estafa, que pasaría de 1 mes-6 años a 1-8 años más multa.

El proyecto establece además la implementación obligatoria del sistema acusatorio en reemplazo del modelo inquisitivo tradicional, con el objetivo declarado de acelerar los procesos penales y garantizar mayor transparencia en la administración de justicia.

La propuesta deberá ahora transitar el debate parlamentario, donde enfrentará el análisis de la oposición. Una presentación claramente enmarcada en la campaña de las elecciones legislativas, para capitalizar la atención del escándalo de su principal candidato en Buenos Aires, José Luis Espert, del cual, sus últimas declaraciones  contradicen su versión inicial en el caso investigado por la justicia estadounidense.