Presentan denuncia penal por el "vaciamiento" del Mercado Comunitario

El sábado pasado se realizó una asamblea convocada por el Consejo Participativo Asesor del Mercado Comunitario que dejó en evidencia un conflicto que escaló de reclamo a acción judicial. Productores, trabajadores municipales, organizaciones sociales y representantes políticos confluyeron para denunciar lo que califican como un "desmantelamiento sistemático" del Mercado Municipal por parte de la gestión de Walter Cortés.

La reunión contó con exposiciones que describieron un panorama crítico: bienes que desaparecen, recursos que se evaporan y trabajadores precarizados. Brenda Morales, de SOYEM, detalló las solicitudes y pedidos que el gremio elevó sin obtener respuesta del Tribunal de Contralor. El concejal Costa Brutten, quien ya había solicitado un sumario para la funcionaria a cargo el año pasado, comparó el trato "irrespetuoso y destructivo" que recibe el Mercado Comunitario con la permisividad hacia Maxiconsumo, que opera sin habilitación municipal.

Las denuncias apuntaron también al incumplimiento del acuerdo firmado entre el Mercado y la Universidad del Comahue, que afecta directamente a los estudiantes de la Diplomatura en Apicultura. Desde la Universidad de Río Negro se planteó que el Mercado debería ser protagonista en garantizar alimentación saludable y de cercanía a precios accesibles para todos los sectores.

Asimismo, los pequeños productores de carne manifestaron su temor ante la fragilidad de la situación y revelaron que el ejecutivo municipal envió a uno de sus abogados para persuadirlos de actuar por fuera de la ordenanza que regula el funcionamiento del espacio.

La Unidad Coordinadora del Consejo del Mercado entregó públicamente a la Secretaria General de SOYEM una recopilación de denuncias laborales. "Queremos entregar esto a SOYEM en persona y públicamente para evitar los aprietes a los trabajadores. Entendemos que ellos estén amedrentados pero las irregularidades son graves y están a la vista", manifestaron desde la organización.

Por otra parte, representantes de UNTER Bariloche y ATE-PAMI sumaron al debate datos alarmantes sobre la situación alimentaria de niños, niñas y personas mayores, sectores en los que el Mercado podría y debería tener incidencia si funcionara según el rol social que le otorga la ordenanza municipal.

Además, definieron conformar una Mesa Patagónica Intersectorial de Soberanía Alimentaria en Emergencia, con apoyo de legisladores y funcionarios que expresaron su interés, mientras avanza la acción judicial colectiva impulsada por Costa Brutten, SOYEM y las organizaciones de productores, elaboradores y consumidores del Mercado. La Defensoría del Pueblo, representada por su flamante titular y equipo, estuvo presente durante toda la jornada y se solicitó su acompañamiento formal.

Silvia Ferrari, la funcionaria designada por Cortés para dirigir el ENTE Mercado Municipal, no asistió a la convocatoria. Tampoco lo hizo la concejal Roxana Ferreyra, también parte del Directorio del Mercado por designación del Concejo Deliberante, cuya ausencia sin aviso llamó la atención de los presentes. El concejal Villalba, aunque no participa del espacio, se puso a disposición a través de su asesor. También, el legislador Leandro García, de El Bolsón, hizo llegar su apoyo y destacó el valor del Mercado Comunitario a nivel regional y provincial. Además,  participaron integrantes de Juntas Vecinales, del Foro Juntas por el Ambiente y del Observatorio de Derecho a la Ciudad.

Lo que comenzó como una demanda por la apertura del Mercado a la comunidad se ha transformado en una disputa política y judicial sobre el modelo de soberanía alimentaria en Bariloche y la región.