Senadores presentan amparo para frenar la privatización de las represas del Comahue

Los senadores nacionales Martín Doñate, Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Silvina García Larraburu, representantes de las provincias de Río Negro y Neuquén, presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal para detener la licitación pública que busca privatizar cuatro centrales hidroeléctricas del complejo Comahue.

La iniciativa judicial apunta a frenar el proceso PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC, dispuesto por el Ministerio de Economía de la Nación, que incluye la venta total del paquete accionario de las generadoras Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra Del Águila.

Los legisladores patagónicos fundamentan su presentación en múltiples irregularidades. En primer lugar, denuncian la violación del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales. Además, señalan que el gobierno nacional incumplió con la obligación legal de realizar una tasación previa a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación, requisito establecido en las leyes 23.696 y 27.742.

"Lo hacemos frente a la inacción de los gobiernos provinciales, porque creemos que Río Negro y Neuquén no pueden mirar para otro lado cuando se intentan entregar sus recursos hídricos y energéticos sin cumplir la ley ni respetar los derechos provinciales", expresó Doñate en sus redes sociales.

Los senadores también critican que el nuevo pliego repite esquemas anteriores que permitieron a empresas privadas obtener ganancias extraordinarias sin reinvertir en el sistema, fugando capitales al exterior. Alertan que la propuesta actual no establece obligaciones de reinversión en el mejoramiento del sistema hidroeléctrico regional.

Como alternativa, los legisladores proponen un esquema mixto donde las provincias de Río Negro y Neuquén participen con el 50% del capital social, mientras que el restante 50% se concesione a privados. Esta propuesta incluye la obligación de reinvertir al menos la mitad de las utilidades en nuevos proyectos hidroeléctricos para la región.

Asimismo, aseguran que la medida cautelar busca proteger los intereses provinciales sobre recursos estratégicos que han sido históricamente fuente de ingresos significativos para las economías regionales, mientras cuestiona la legalidad de un proceso que consideran viciado desde su origen. (ANB)